Neoliberalismo y gobernabilidad: la revuelta y sus alcances

el 31 octubre | en Sin categoría

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Pléyade número especial / octubre (2019)

online ISSN 0719-3696

ISSN 0718-655X

Neoliberalismo y gobernabilidad: la revuelta y sus alcances

(Segunda parte)

Sergio Villalobos-Ruminott

Universidad de Michigan

A una semana de que se desencadenaran las protestas populares en Chile, y bajo estado de emergencia decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera, comienzan a manifestarse más nítidamente las características de esta coyuntura. Por un lado, las protestas que comenzaron como una reivindicación sectorial y acotada, relativa al alza del pasaje del metro, se transformaron en derrames callejeros masivos que involucran no solo a la población en general, sino que van más allá de la demanda puntual contra el tarifazo, canalizando años de frustración e impotencia derivadas de la injusticia sistemática generada por el modelo neoliberal y su marco jurídico autoritario. Por otro lado, como ha indicado recientemente el abogado constitucionalista Jaime Bassa en una comisión parlamentaria a la que fue invitado, la misma declaración del estado de emergencia es, como mínimo, inconstitucional, tanto porque devela las incongruencias entre la Constitución y el marco normativo que la regula -mostrando de paso las inconsistencias de la misma aplicación por parte del Gobierno de Piñera-, como por el hecho de que el estado de emergencia tiene diversos niveles y grados según la complejidad de la situación que, en principio, ameritaría su proclamación. Como sea, su aplicación no autoriza, en ninguna circunstancia, ni la implementación del toque de queda ni la detención de personas, ni mucho menos las golpizas, abusos sexuales, torturas y asesinatos que se han reportado en diversas instancias nacionales e internacionales, y que sindican a las fuerzas de orden y seguridad y al ejército como responsables directos. Mediante la vieja estrategia de criminalización de la protesta social, el Gobierno, de manera inconstitucional e incongruente, ha decretado un estado de emergencia incompleto, sin delegar finalmente la responsabilidad total a las fuerzas armadas (lo que obligaría a entender este proceso como un autogolpe de Estado), produciendo un vacío constitucional en el que las fuerzas armadas y carabineros se sienten autorizados, ilegal e ilegítimamente, a aplicar fuerza extraordinaria en la conculcación de las libertades civiles. En otras palabras, el Gobierno ha actuado irresponsablemente, permitiendo una brecha legal que posibilita el desarrollo de una forma de terrorismo de Estado contra la población en general.

            El argumento usualmente esgrimido para justificar la intervención armada consiste en la estigmatización de la protesta, definiendo a las manifestaciones populares como ilegítimas, inconstitucionales y, en última instancia, como disturbios criminales que atentan contra el orden, la seguridad y la paz democrática. Frente a esto, no basta con distinguir entre desobediencia civil y vandalismo, pues en dicha diferencia todavía se comparte el mismo marco normativo que define la gobernabilidad neoliberal, a saber, la distinción entre formas legítimas de participación y formas criminales. Desde el punto de vista de la gobernabilidad neoliberal, además, las únicas formas civiles y legítimas de participación están mediadas por la institucionalidad vigente y delegadas en la lógica de la representación parlamentaria, cuestión que divide violentamente el campo político entre prácticas legales e ilegales de participación ciudadana, lo que se agrava enormemente cuando se constata, como en los casos de bipartidismo burocrático, que la mediación política lejos de ser transparente y democrática, consiste en la dilación de las demandas sociales y en su neutralización. Es decir, la gobernabilidad neoliberal implica no solo la reducción de la política a un sistema autorreferencial y delimitado, sino a la práctica preventiva de cualquier contaminación que pueda alterar el delicado equilibrio del poder. Las estrategias utilizadas en esta neutralización preventiva van desde la persuasión y la promesa hasta la represión directa y brutal, como queda demostrado en los casos de Ecuador, Haití y Chile durante estos meses.

            En este contexto, el caso chileno es paradigmático porque termina por desbaratar las promesas desarrollistas del neoliberalismo, precisamente en un país elevado a la condición de ejemplo central de las bondades del modelo. Sin embargo, también se trata de un caso paradigmático porque muestra la otra dimensión de la gobernabilidad neoliberal, a saber, la imposición de una gubernamentalidad antidemocrática, antigarantista y fuertemente militarizada, bajo el recurso securitario de la mantención del orden y la paz democrática que consiste, en última instancia, en la continuación de los procesos de extracción y acumulación destinados a surtir la demanda internacional, en el horizonte de un consenso basado en el consumo y sus expectativas. Deuda, acumulación flexible e híper-explotación de recursos naturales destinados al consumo internacional, marcan el derrotero del “desarrollismo” contemporáneo, cuya diferencia con el nacional-desarrollismo industrializador de mediados del siglo XX se vuelve obvio. Si el nacional-desarrollismo tenía, como su mismo nombre lo indica, un proyecto nacional, la misma transformación del capital, su internacionalización y su financiarización, conllevan una condición anómica o desterritorializada, que hace de la acumulación contemporánea una práctica flexible y rapaz ilimitada, sin importar el costo social. En este sentido, el carácter antineoliberal y anticapitalista de las protestas en Chile no tiene que ver con el nivel discursivo ni con la supuesta conciencia de clases de los manifestantes, sino con la forma en que estas protestas expresan un límite existencial al capital, es decir, un límite a la destrucción y a la devastación de la vida misma.

            No se necesita recurrir al repertorio marxista clásico para advertir que los procesos de concentración de la riqueza y de la propiedad, violentamente asociados con la implementación del neoliberalismo en la región en el contexto de las dictaduras y las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX, definen el marco histórico en el que se desarrollan las actuales manifestaciones populares, en Chile y en América Latina. En efecto, con el manido argumento de la lucha contra el comunismo, las dictaduras en el Cono Sur y las intervenciones norteamericanas en Centroamérica, tuvieron como objetivo central facilitar los procesos de re-concentración del poder y la riqueza en una nueva elite continental en la que la derecha chilena, formada entre la teología política del Opus Dei y la antropología utilitarista de la Escuela de Chicago, destaca. Esta nueva elite continental, totalmente sujeta a las prerrogativas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, no solo ha abdicado de un imaginario nacional y republicano, sino que además ha desechado el horizonte reformista burgués asociado a la igualdad y a los Derechos Humanos, desde la convicción ideológica de las facultades autoregulativas del mercado.  

            En efecto, Thomas Piketty ­–quien no puede ser confundido con un economista marxista–, en su famoso libro El capital en el siglo XXI[*], nos advierte de estos procesos, poniendo especial atención al incremento estructural de la desigualdad en términos de ingreso, propiedad y educación, cuestión que terminará por desacelerar la economía y por radicalizar los conflictos en torno a la distribución de la riqueza. El costo de esta desaceleración, sin embargo, tampoco se reparte de manera proporcional, siendo transferido a los sectores más empobrecidos de la población. Un ejemplo claro de lo anterior está en las reformas tributarias implementadas en varias economías neoliberales en los últimos años, en las que una grosera disminución de los impuestos a la ganancia y a la riqueza se complementa con un abusivo aumento de los impuestos al consumo que afecta, masivamente, a la población desposeída. Desde la condición autorreferencial del neoliberalismo, estos mecanismos dejan claro que la economía no tiene nada que ver con la justicia social y que la política tiene como función neutralizar cualquier demanda que pudiera contaminar la pureza del proceso económico.

            Sin embargo, la condición deshistorizada, autorreferencial y antidemocrática de esta fase del neoliberalismo indica que, para asegurar sus tasas de ganancia, los grupos económicos transnacionales están dispuestos a deshacer el pacto de gobernabilidad que habían establecido con los gobiernos progresistas latinoamericanos a comienzos de este siglo, cuestión que explica la desesperada elección de líderes populistas de derecha en los últimos años. El llamado fin de ciclo con el que denominó el retroceso de los gobiernos de la Marea Rosada, y el arribo de los gobiernos de Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Iván Duque e, incluso, Donald Trump, confirma la tendencia de esta crisis, precisamente porque lo que ha distinguido a estos nuevos gobiernos, además de una retórica cuasifascista, antiinmigratoria y securitaria, es la implementación de medidas de ajuste neoliberal aún más radicales que las implementadas bajo regímenes autoritarios. Es en este contexto que las protestas sociales del año 2019, en varios países de este hemisferio, y las actuales manifestaciones sociales en Chile, expresan un desasosiego mayor con la radicalización del neoliberalismo en su fase devastadora, es decir, constituyen manifestaciones existenciales a favor de una forma de vida que no se reduce al modelo de la gobernabilidad neoliberal.   

            Por supuesto, no se trata de hipotecar las protestas según un cálculo político convencional, romantizarlas o sindicarlas como origen de un nuevo proyecto histórico, precisamente porque sus dinámicas de irrupción desactivan las lógicas proyectuales y sus economías de los fines. Si pensamos en la irrupción demótica como destitución de una determinada repartición de lo sensible[†], no podemos engañarnos con respecto a estas irrupciones populares. Es decir, las revueltas sociales contra el neoliberalismo no son ni acontecimientos inéditos ni instanciaciones de una forma restitutiva y equivalencial del derecho, son simplemente formas de participación derramadas sobre la ordenada ciudad neoliberal, que ponen la narrativa de la gobernabilidad en suspenso, haciendo visible las múltiples capas de una historia invisibilizada por el estrecho marco representacional de los medios y de la política institucional. Solo desde el recorte oficial de los medios de comunicación y los discursos del gobierno es posible reducir estas manifestaciones a la expresión de políticas partidarias, de grupos de interés financiados por un complot izquierdista internacional o a formas de anomia colectiva y espontánea. Si las protestas surgen de un desacato puntual, no por ello se reducen a un voluntarismo destructivo, más bien abren una dimensión histórica en la que es posible percibir que el verdadero estado de emergencia no es aquel que el gobierno ha decretado irresponsable y criminalmente, sino aquel otro en el que muchas organizaciones sociales habitan, más allá de su invisibilización permanente. La crítica del neoliberalismo y de su filosofía de la historia requiere no solo denunciar el excepcionalismo jurídico como poder de facto, sino el excepcionalismo invertido que ve en las protestas la encarnación de una cierta multitud emancipatoria. Se trata de algo más complejo, pues el acontecimiento de la protesta consiste en desocultar las dinámicas de participación y autoorganización que ya siempre están ocurriendo, y no reducirlas a una ocurrencia puntual surgidas al calor de la fogata. Percibir la continuidad de las luchas históricas y sus diversos relevos no significa traicionar el carácter inédito de estas manifestaciones, sino traicionar el marco historicista que las obliga a dar cuenta de su razón de ser.

            Lamentablemente, la estrechez política del Gobierno de Piñera ha llevado la situación a un punto de no retroceso. La falta de liderazgo político y la decisión atarantada de sacar el ejército a la calle ha facilitado la reunión de diversas memorias sociales y prácticas de resistencia, reactivando muchas formas de participación y de organización social que van mucho más allá del congreso y las mediaciones partidarias. Si el horizonte ya no puede ser sino la definición democrática y participativa de un nuevo contrato social, de una nueva gobernabilidad democrática, entonces todos los sectores de la sociedad deben sentirse responsables de este proceso. Pero eso requiere, como mínimo, no solo devolver el ejército a los cuarteles y respetar la ficción de la Constitución, sino perseguir los excesos y violaciones a los derechos humanos y castigar a los responsables directos e indirectos. A pesar del carácter ilegítimo de la misma Constitución, hay que enfatizar cómo el actual estado de emergencia decretado por el gobierno es, en sí mismo, inconstitucional y criminal, lo que hace imposible devolverle al Gobierno y al sistema de representación parlamentario vigente el monopolio de las decisiones democráticas en el país. Hacerlo no solo es traicionar lo que las revueltas nos han mostrado, sino que es restituir la gobernabilidad neoliberal que solo existe a condición de la permanente devastación y precarización de la vida.      


* Profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Michigan. Autor de Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en América Latina (Buenos Aires: La Cebra, 2013); Heterografías de la violencia. Historia Nihilismo Destrucción (Buenos Aires: La Cebra 2016); y La desarticulación. Epocalidad, hegemonía e historicidad (Santiago: Ediciones Macul, 2019). Ha ejercido como profesor visitante en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile) y en el Instituto de Estudios Críticos (México).

[*] Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2014).

[†] Jacques Rancière, El desacuerdo (Buenos Aires: Nueva Visión, 1996).

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