Discurso académico, discurso mediático. Por un discurso político

el 31 octubre | en Sin categoría

Pléyade número especial / octubre (2019)

Online ISSN 0719-3696 / ISSN 0718-655X

Discurso académico, discurso mediático. Por un discurso político

Alejandro Fielbaum S.*

Universidad París 8 Vincennes Saint-Denis

Miren cómo sonríen, angelicales,

miren como se olvidan que son mortales.

Violeta Parra

Es tentador guardar silencio y abrazar el antiintelectualismo cuando la brutalidad de las imágenes hace más evidente la frivolidad que atraviesa la reflexión académica. Más aún en un país en el que hemos aprendido a leer sin historizar. Es decir, sin preguntarnos por una mínima economía política del conocimiento, ni mucho menos, por una articulación entre la reflexión y la política que no sea la del intelectual (o la intelectual, aunque la figura que encarna el caso suele ser masculina) dizque comprometido que reflexione de manera genérica, más o menos predecible, sobre la política, confirmando con los acontecimientos lo que creía ya saber. De esta manera, no sorprenden las primeras reacciones intelectuales ante la crisis: citas o publicidad de los propios artículos sobre algún autor de vanguardia que explique el carácter violento de la violencia, seguido de infaltables declaraciones firmadas con exceso de buena conciencia.

Evidentemente, todo ello nace con buenas ideas e intenciones, sin hacerle mal a nadie. Y justamente ese es el problema: incapaces de delinear alguna disputa concreta más allá de intenciones que repiten de forma no siempre completa los petitorios del movimiento social, la mayoría de las declaraciones no logra ni siquiera la ampliación de la discusión en sus propias disciplinas o instituciones, tampoco la interpelación individual a las autoridades de las mismas[1]. De esta forma, se termina denegando la complicidad del sistema universitario chileno con el malestar que estalla. Se discute la crisis en general, sin discutir sus efectos en los espacios desde los que se enuncia. Que las declaraciones emitidas por académicos de la Universidad Diego Portales guarden silencio ante los gestos y discursos de su Rector es decidor al respecto. El contraste entre eso y la destacable toma de posición triestamental de la Universidad de Chile, vuelve a demostrar que la diferencia entre universidades públicas y privadas puede ser real, en el mejor de los sentidos posibles de lo que puede considerarse público.

La mayoría de los gestos existentes, sin embargo, replican la escisión entre intelectuales y política: se ingresa en la política en tanto intelectual. Por decirlo de manera torpe, intelectualizando la política y no politizando la figura del intelectual. En algunos casos, los peores, ello reitera la figura del intelectual como quien debe dar la reflexión, cuando han sido los movimientos sociales quienes han puesto en crisis las nociones del Estado subsidiario que ahora la intelectualidad llama a pensar. Por ejemplo, en la declaración de la Asociación Chilena de Filosofía se describe la tarea de la filosofía ante la crisis como la de aportar reflexiones y clarificaciones.

En ese tono, la filosofía confirma su banalidad política al asumir que su rol es aclarar el sentido, no disputarlo. Pero es recién si se asume la disputa que la filosofía, o cualquier saber afín, puede tomar un compromiso que pueda tener algún mínimo efecto: tomando posición en sus espacios de discusión y luego participando como cualquiera (idealmente, por supuesto, como militante) en la protesta. No digo como ciudadano, o como ciudadana, porque justamente ese es uno de los términos que habría de discutirse al disputar las lenguas de la propia disciplina, instalando en sus especificidades las necesidades del malestar.

Si la toma de posición de la producción médica en estos momentos es la de atender heridas de la manifestación, la de periodistas es contrainformar, y así, la de la producción en filosofía, tanto más modesta, puede ser la de colaborar con la construcción de otros discursos que hagan parte de la revuelta. Disputar con otros discursos de la coyuntura puede tener mayor rendimiento político que explicitar lo que habría dicho uno u otro filósofo ante esta coyuntura. Recién allí podría pensarse en alguna colaboración con movimientos sociales, que pueden nutrirse mucho más de lo que se discute que de las firmas que se recolectan, o de las interpretaciones más o menos rimbombantes del estado de excepción. Los artículos de Alejandra Castillo que aparecieron esta semana, en ese sentido, son destacables.

Evidentemente, los ya mencionados límites de cualquier escrito se aplican también a este texto. Para sobrepasarlos es necesaria la articulación colectiva, sin recetas ni tranquilidades. Ello requiere de un trabajo que no nazca, ni muera durante uno u otro estallido. Es en esa línea que entiendo este número de Pléyade, quizá ni más ni menos que un intento de responsabilidad ante la gravedad de lo que ocurre. Y justamente “responsabilidad” es un término que deviene crucial, particularmente ante las recientes declaraciones de un Ministro del Interior que señala que no tiene responsabilidad política por eludir. Enunciado curioso, por cierto, pues pareciera sincerar que, ante la responsabilidad, su respuesta habría sido la elusión de la responsabilidad, esa que la derecha quiere imponer penalmente en niños y niñas de 14 años, pero que elude una y otra vez cuando son sus adultos los que deben asumirla.

En este caso, la responsabilidad se deniega también ante una brutalidad que resulta predecible al dar rienda suelta a aparatos represivos que ya contaban con un largo prontuario de denuncias de secuestros, montajes, abusos sexuales y torturas perpetradas sin algún tipo de declaración jurídica de estado de excepción, por cierto bajo la complicidad de gobiernos de la Concertación y de la derecha que han formado profesionales de la represión sin indagar jamás de manera adecuada en esas denuncias. En ese sentido, el Gobierno es políticamente responsable de lo que acontece. Culpar individualmente a algunos militares por sus excesos, así como abrazar a otros creyendo que hay militares buenos o malos, impide pensar el rol de las Fuerzas Armadas como actor político y la concesión que la derecha hace al mismo al cederle la calle y la continuidad de su privilegiado sistema de pensiones, curiosamente jamás discutido por quienes tanta eficiencia ven en las AFP.

Sin embargo, las responsabilidades en curso no son tan claras si se lee una prensa hegemónica que jamás ha exigido responsabilidades. Una prensa solo responsable ante sus dueños, pese a los esfuerzos individuales de más de alguna o algún periodista. Los recientes días solo han explicitado su grosera complicidad con los poderes políticos y económicos, dato que debiera bastar para dudar de cualquier relato de Chile como un país democrático. Y no solo por lo que los medios de comunicación sistemáticamente callan, sino también por lo que enuncian cuando no pueden callar. En concreto, ante aquello de lo que es tan difícil como necesario hablar: las denuncias de tortura y asesinato cometidos por parte del Estado.

El macabro conteo de muertes se actualiza cada día, la información al respecto dista de ser confiable. La mayoría de los casos son explicados por participación en saqueos. Sin embargo, hay algunos en los que la responsabilidad estatal ya ha sido reconocida. Probablemente, sin ser representativo, un rápido sobrevuelo por tres medios que pertenecen a distintos grupos económicos evidencia una muy sintomática forma de informar tales acontecimientos.

Partamos por la cobertura del 21 de octubre en La Tercera, propiedad del grupo Copesa, publicada a las 7:30 de la mañana. Tras un recuento de “víctimas fatales” que no menciona nombre, género ni edad, pero sí que una de las personas quemadas en un supuesto saqueo era de nacionalidad peruana, escribe: “Según Interior, la novena víctima sería un joven que recibió disparos en medio de una manifestación en La Serena”. Ninguna mención a la fuente de esos disparos, pese a que hace más de doce horas se había denunciado que habían sido efectuados por un militar.

El conocido portal Emol, propiedad de El Mercurio, profundiza ese tono en su cobertura del día siguiente. Ya en el subtítulo refiere a la “presunta responsabilidad” de los militares detenidos, con un escepticismo que rara vez se replica ante la información de lo que se adjudica a la población civil. Tras un recuento de los muertos en saqueos que refiere al “75% de tu cuerpo quemado” para referir con macabro acto fallido al cuerpo de un manifestante, también informa del joven en Serena que “recibió el impacto de bala en el tórax durante una manifestación” que, según testigos, habría sido efectuado por militares. Luego describe de variados modos otros asesinatos perpetrados por el ejército: “Durante la madrugada del lunes ocurrió el segundo deceso en la Región de Coquimbo en medio de la crisis social. Preliminarmente se informó que el afectado recibió un disparo al interior de la tienda La Polar de la ciudad, la que estaba siendo saqueada. Desde el ente persecutor señalaron que se investiga si el autor del disparo es un militar”, o bien “El último deceso ocurrió pasadas las 00:00 de este martes, luego que un joven de 25 años recibiera un disparo mientras se encontraba en la Ruta 5 Sur, en el acceso norte a Curicó. Por ello se detuvo a un militar, quien pasará ante tribunales durante la mañana de miércoles”. Singular gramática para no decir que una persona fue asesinada por un hombre armado. Nuevamente, los disparos se reciben sin que, en la narración, nadie los gatille. La prensa narra “decesos” sin responsabilidades, al punto que hay que leer lo que señala el “ente persecutor” para saber lo que quizá ha hecho el mismo ente, el que por cierto ya reintegró a sus filas a uno de los acusados de asesinato.

Pasemos, finalmente, a la cobertura del día 23 de octubre por parte del portal de Radio Agricultura, medio que no pertenece ni al grupo de El Mercurio ni al de Copesa, como la mayoría de los existentes en Chile. Ante las denuncias de tortura, refiere a “apremios ilegítimos”, curioso eufemismo de ecos dictatoriales bajo el cual ciertamente podrían reunirse casi todas las denuncias existentes en los últimos días. De todos modos, al medio parece no preocuparle mucho: informa que los jueces han desmentido la tortura, soslayando cualquier mención a elementos sospechosos que los mismos jueces han reconocido, según informan otros medios de menor alcance.

Si los días dieran para algo de humor, podríamos intentar narrar con tales artilugios aquello ante lo cual la prensa hegemónica no duda ni matiza, incluso ante denuncias de montaje informadas por otros medios importantes: “presuntas evasiones”, “fuegos que se encienden” o lo que fuera. Lejos de ese tiempo, nos interesa recalcar la producción de una falta de responsabilidad ante los hechos incluso allí donde pareciera haber información sobre los mismos. Chadwick puede afirmar con tranquilidad que no debe eludir la responsabilidad porque ya los medios de comunicación lo han hecho. Y no solo ante su responsabilidad política, sino también ante la responsabilidad directa de quienes han disparado siguiendo las políticas que junto a su primo han decretado.

Es ya frecuente, no por ello innecesario, señalar las continuidades entre las medidas económicas en dictadura y postdictadura. Quizás sea necesario preguntarse también cuánto y cómo han cambiado, o no, los medios de comunicación que supuestamente garantizan la democracia en el orden que ha entrado en crisis. Para avanzar en su crítica aspirando a un mínimo efecto en la correlación de fuerzas, la responsabilidad parte por cuestionar el rol de la crítica que, en su propia denegación, puede terminar celebrando la supuesta radicalidad de sus contenidos sin cambiar las formas de enunciación que el neoliberalismo le adjudica.


* Doctorante en Estudios Hispanoamericanos en la Universidad París 8. Sociólogo y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Ha sido profesor de las Universidades Adolfo Ibáñez y Universidad de Valparaíso, y coinvestigador del Proyecto Fondecyt “Filosofía y Literatura en América Latina. (Fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX)”. Entre sus publicaciones destaca el libro Los bordes de la letra. Ensayos sobre teoría literaria latinoamericana en clave cosmopolita (Leiden : Almenara, 2017). Correo electrónico: afielbaums@gmail.com.

[1] Evidentemente, esto no quiere decir que ese tipo de declaraciones nunca sean necesarias. En efecto, suelen serlo a propósito de discusiones dentro de las instituciones o a propósito de estas, mas rara vez sobre el país “en general”, muy rara vez cuando la crisis es evidente. Distinto puede ser el caso de declaraciones que se firman y circulan en otros países en los que se visibiliza lo denunciado, particularmente cuando quienes firman son instituciones y no solo nombres propios.

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