El malestar y el despertar de Chile; dignidad, abuso y diálogo en el marco del estallido social de los 30 pesos-años

el 11 noviembre | en Sin categoría

Pléyade número especial / noviembre (2019)

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ISSN 0718-655X

El malestar y el despertar de Chile; dignidad, abuso y diálogo en el marco del estallido social de los 30 pesos-años

Jorge Vásquez R.*

Universidad Alberto Hurtado

A pesar de que existe un largo debate en las ciencias sociales sobre cuál es el punto de inflexión que pone fin a la transición a la democracia, ciertamente los tintes de la movilización social, la crisis de legitimidad institucional y el nivel de descrédito del modelo neoliberal de desarrollo nos permiten catalogar la contingencia que vive el país al menos como uno de los momentos históricos posibles de ser considerados en dicho debate.

Hay ciertos aspectos que caen por su propio peso y sobre los cuales ya se han comenzado a esbozar análisis, que dicen relación con las desigualdades económicas, la vulnerabilidad social y su impacto en la calidad de vida y el bienestar de personas, que, al parecer, son demandas que no se reducen exclusivamente a una demanda superficial de mayor capacidad de consumo. Más bien, es la propia idea de la integración a través del consumo la que se ha puesto en entredicho. Algo ya no calza y genera perplejidad. Si bien es cierto que es posible realizar un listado de demandas referentes al acceso a la salud, pensiones, salarios de subsistencia y segregación educativa (entre las más visibles), no es menos cierto que el trasfondo de ellas es, en el ámbito de la materialidad de la vida cotidiana, el quiebre de la promesa meritocrática del esfuerzo individual y la pretensión que una vida de trabajo y sacrificio aseguraría una vejez digna. Por otra parte, también se ha puesto en entredicho la promesa de la movilidad social transgeneracional para nuestros hijos. Luego de treinta años, esto último pareciera ser también la excepción más que la norma[1].

Por consiguiente, desde una perspectiva de procesos más que de contingencias, hoy converge el malestar de padres que se endeudaron soñando con que sus hijos tuvieran una profesión que ellos no tuvieron, porque al final “el esfuerzo valía la pena”… al menos para soslayar la pobreza simbólica por medio de un liceo emblemático o un colegio de renombre, y dar cuenta así de la obtención de un título de educación superior junto con un mayor acceso a bienes suntuarios y a marcas de mayor prestigio, aunque es sabido que en nuestra matriz sociocultural el apellido y el capital social aún tienen una preponderancia superlativa para acceder al mercado laboral. Doble frustración para padres, hijos e hijas. La elección de la carrera técnica o el instituto no valió la pena. Pero ya que la elección fue “personal”, cada cuál será responsable del éxito o fracaso en su vida económica. Ojalá en el camino nadie se enferme mientras se termina de pagar la hipoteca y los créditos con casas comerciales y el CAE[2]. Se llega a fin de mes con lo justo, y ni pensar en ahorrar para la vejez. La sensación de fracaso queda, igual que las deudas. Deudas que son acumulables, igual que el malestar.

El punto de la ilustración anterior, como primer elemento a destacar de la manifestación de malestar, es la invitación a analizar qué es esperable (y exigible) en cuanto condición personal y colectiva legitima de bienestar. Por años lo esperable se ha reducido a disminuir el número de personas bajo una línea de pobreza. Sin embargo, mientras hoy tenemos en Chile una medición multidimensional de la pobreza[3], no hemos logrado comprenderla cabalmente. Hay mayor precisión en indicadores de ingresos combinados con acceso a salud, educación, vivienda, etcétera. Sin embargo, una clave trascendental pero que ha estado ausente hasta ahora son las espirales de desventaja transgeneracional, acumulables en el tiempo y relativas a la expectativa de bienestar legítimo, algo inalcanzable para un amplio margen de la población. O al menos inalcanzable si no es a través del crédito y el endeudamiento.

En consecuencia, podemos tener excelentes indicadores de pobreza de acuerdo con la metodología vigente (indirecta-absoluta de renta per cápita en base a canasta básica de consumo ajustado con acceso a servicios en diversas dimensiones), mientras en la calle se expresa con fuerza una demanda por mayor dignidad colectiva. Parece existir una dicotomía entre los indicadores y su asidero en la realidad. Probablemente sería distinta la percepción de complacencia con nuestro éxito en superar la pobreza si se tomaran en consideración metodologías e indicadores de medición de pobreza relativa, tales como una proporción en relación con la mediana de ingresos, o aproximaciones por medio del índice de Sen[4]. Más aún, parece ser oportuno retomar reflexiones técnicas que permitan compatibilizar pobreza y desigualdad. La literatura especializada en la materia es abundante[5], pero lamentablemente, como en muchos otros ámbitos, nos hemos acostumbrado a naturalizar lo dado como lo único posible. Abrirse a tal discusión implica abrirse a un debate de fondo sobre el accionar de las políticas públicas, de lo sectorial hacia lo sistémico y de la focalización de soluciones parciales a una verdadera política intersectorial de protección y bienestar. Nada de esto es fácil, pero resulta urgente si realmente se quiere dar cuenta del clamor popular por mayor igualdad en la vida económica.

Desde un segundo punto de vista, lo anterior es, en efecto, solamente un aspecto básico del problema en relación con la articulación del modelo neoliberal y el cuestionamiento que hoy viven las premisas sobre las cuales se sostuvo. La exclusión social no es meramente una interpelación económica a un bienestar colectivo. Su aspecto distintivo, remite a una condición relacional, es decir, a la relación de la construcción de identidad en relación con otros. Se trata de un segundo componente de malestar, donde si bien las personas pueden tener capitales suficientes para no ser catalogados como pobre[6], de igual forma se puede estar en una condición de exclusión social, al margen, invisibilizado, vilipendiando e ignorado por quienes presentan una mayor condición de privilegio y estatus. Por ello resulta tan dolorosa la insensibilidad de la traducción economicista del mundo de la vida de concebir a las personas como consumidores en un plano unidimensional. Como si bastara con apretarse el cinturón ante un aumento del precio del transporte, o hacer esfuerzos para levantarse más temprano.  

La crisis actual reviste una complejidad mayor a lo expresado por los movimientos sociales de los últimos años, ya que cuestiona de manera transversal el núcleo de las relaciones de producción, poder, dominación y justicia social en su conjunto. Me refiero a aquello que se ha reseñado en la prensa como el hastío ante el “abuso”. Que un modelo de sociedad sea considerado abusivo es sin duda un problema serio. Al respecto, desde el prisma de la exclusión social, se evidencia un punto de quiebre ante la acumulación de expresiones de intolerancia, indiferencia y minimización de diversas demandas sociales durante décadas, combinado con un trato diferencial ante la autoridad y el poder. No se trata simplemente de mayor condescendencia y empatía con “los problemas de la gente” ni con compartir “privilegios”, sino de un trato diferencial con las estructuras de poder y justicia. A modo de ejemplo, considérese el doble discurso de la exigencia de penas y sanciones ejemplificadoras para quienes cometen faltas o delitos de hurto o robo con violencia, mientras que para casos de alta connotación pública de corrupción, malversación de fondos públicos, colusión, o abuso de menores por parte de personas que han ocupado en el espectro social algún tipo de autoridad política, económica o moral, opera una discrecionalidad mayor en la aplicación del principio de justa proporcionalidad de la pena e idoneidad de ésta, una vez determinada la culpabilidad y el debido proceso[7]. A riesgo de candidez, es de esperar que luego de un estado de emergencia y varios días de toque de queda se investigue judicialmente con la misma tenacidad y ahínco tanto las acciones de vandalismo y violencia como la represión desmesurada de las fuerzas de orden, con un recuento lúgubre de abusos, vejaciones, muertos y heridos[8].

En consecuencia, los eventos de las últimas semanas plantean la disyuntiva entre decretar una justa sanción en el ámbito de la individuación de penas para todas aquellas investigaciones que determinen culpabilidad ante los hechos de graves violaciones a los derechos humanos (algo intolerable para nuestro actual estado de derecho), o de lo contrario se reproducirán una vez más las lógicas que históricamente han dejado en la impunidad y en el anonimato a violadores de derechos humanos de la dictadura militar. A fin de cuentas, es inevitable la remembranza del pasado y el efecto subjetivo en la memoria de ver nuevamente a militares en las calles y policías disparando a sus conciudadanos. Habrá que ver aún si ello se suma a nuestra histórica lista de impunidad y abusos, o bien se logra dar un giro sustantivo en la administración de justicia. Hoy existe al menos un mayor control social por medio de registros audiovisuales que hacen irrefutables los hechos.

Un tercer y último aspecto por destacar se refiere a las formas de participación y representación democráticas, como exigencia y energía movilizadora del estallido social y como expresión de malestar ante la falta de representatividad del aparato político para la canalización de demandas y resolución de conflictos. Al margen de la discusión sobre la institucionalidad política necesaria para realizar cambios constitucionales o reformas a los sistemas de pensiones, salud y educación, la demanda social contiene un trasfondo simple y complejo a la vez, como lo es el reconocimiento del otro como un legitimo otro en una igualdad de condiciones que permita la expresión de la diferencia sin un menoscabo a priori de su legítima pertenencia a la comunidad política[9]. Lo complejo de esto es la generación de espacios que permitan el dialogo en situaciones en las que no predomine una episteme[10] patriarcal que ha hegemonizado por años el debate por el poder. Implica a su vez un cambio en la pretensión de autoridad, que pase de un lenguaje técnico-economicista que concibe el espectro de lo político como circunscrito a una discusión parlamentaria y cerrada únicamente para quien detenta un cargo de poder, hacia la búsqueda de una mayor horizontalidad en la participación de bases en la determinación de necesidades locales y particulares de interés público y colectivo.

Ciertamente la condición de malestar social explorada en los tres tópicos precedentes requiere mayor profundización y debate, en conjunto con otros aspectos relevantes de ser puestos en diálogo en un Chile que ha despertado del letargo de la rutinaria indiferencia. Se ha buscado escuetamente aquí ofrecer algunas claves de interpretación, en un momento donde aún resuenan los ecos de un estallido social sin precedentes, con marchas multitudinarias de millones de personas y la paralización del Metro de Santiago. Paradojal y lamentablemente, fue el colapso de aquel sistema nervioso central, vinculante de las diversas comunas de la capital, lo que terminó por evidenciar la abismante segregación espacial, cultural, económica y social en la cual vivimos (y que, sobre todo, evidenció la estrecha interconexión de los problemas de todos). Nuestros dilemas requieren hoy por hoy, para su resolución, de acciones orientadas hacia la búsqueda de un bienestar colectivo, que no es precisamente la sumatoria de bienestares individuales.


* Investigador adjunto del Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Magíster en Metodologías de Investigación Social por la University of Bristol, Reino Unido, y sociólogo por la Universidad de Chile. Su trabajo se enfoca en temas de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. Ha participado en publicaciones sobre migración haitiana en Chile (2017) y exclusión educativa (2019). Correo electrónico: jorgeivaz@gmail.com.

[1] Según la OCDE, la desigualdad de ingresos en Chile es la segunda más alta de los países de la OCDE, después de México. Así también señala que en Chile podrían necesitarse 6 generaciones para que los descendientes de una familia ubicada en el 10% más bajo de la distribución de ingresos alcanzaran el ingreso promedio, en comparación con cuatro a cinco generaciones en el promedio de los países OCDE. Ver OCDE, Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility (París: OECD Publishing, 2018).

[2] “A diciembre de 2018, se registraban 466.793 personas pagando el CAE, ya sea en su calidad de desertores o egresados. En el caso de aquellos estudiantes que desertaron de sus carreras, el 73,1 % se encuentran morosos. En el caso de los egresados que actualmente están pagando el CAE, se registra un 31,7 % de morosidad, lo que equivale a 113.968 personas”, en Marco Kremerman, Alexander Páez y Benjamín Sáez, “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”, Documento de Trabajo, Fundación Sol (Santiago: Fundación Sol, 2019), 8. Consultado en noviembre de 2019, disponible en http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAE2019-3.pdf.

[3] En Chile la pobreza multidimensional se mide a partir de la versión 2013 de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional (CASEN). Ver Ministerio de Desarrollo Social, “Nueva metodología de Medición de la Pobreza por Ingresos y Multidimensional”, Serie Documentos Metodológcos no. 28 (Santiago: Observatorio Social, 2015).

[4] Los informes de la última medición de pobreza vigentes incorporan índices en dicha lógica, como son los índices de incidencia, brecha promedio y severidad; ver Ministerio de Desarrollo Social, “Resultados Encuesta CASEN 2017”, agosto de 2018. Consultado en noviembre de 2019, disponible en http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf. En otros términos, se podría considerar además la distancia de los ingresos de las personas con las líneas de pobreza no tan solo entre quienes son considerados como pobres, sino además tener en cuenta la distancia que existe sobre dicho umbral. Es decir, se puede estar sobre un umbral de pobreza, pero muy cerca del mismo. 

[5] Uno de los principales debates en la materia se dio en la década de los ochenta entre Amartya Sen y Peter Townsend acerca de la reformulación de la pobreza en términos relativos y la discusión sobre los conceptos de capabilities y relative deprivation. Ver Amartya Sen, “Poor, relatively speaking”, Oxford Economics Papers 35 (1983); “A sociological approach to the measurement of poverty: A reply to professor Peter Townsend” Oxford Economics Papers 37 (1985); Peter Townsed, “A sociological approach to the measurement of poverty–a Rejoinder to Professor Amartya Sen”, Oxford Economic Papers 37 (1985).

[6] Entiéndase aquí por “capital” los diversos elementos que pueden ponerse en juego en una lógica de diversos campos de acción; tales como capital cultural, social y, evidentemente, económico.  

[7] En torno a una reflexión sobre el principio de justa proporcionalidad en derecho procesal penal, Hernán Fuentes señala: “Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi”. Hernán Fuentes. “El principio de proporcionalidad en derecho penal. Algunas consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la individualización de la pena”, Revista Ius et Praxis 14, no. 2 (2008).

[8] De acuerdo con cifras recabadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde el 17 de octubre hasta las 12:00 del 06 de noviembre del 2019 se contabilizaban 219 acciones judiciales, entre las cuales hay 5 querellas por homicidio, 19 querellas por violencia sexual y168 querellas por otras torturas.

[9] Ver Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge MA: The MIT Press, 1995).

[10] Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas (Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2005).

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