El miedo a la (des)organización

el 11 noviembre | en Sin categoría

Pléyade número especial / Noviembre (2019)

online issn 0719-3696

ISSN 0718-655X

El miedo a la (des)organización

Cristóbal Durán*

Universidad Nacional Andrés Bello

A la hora de intentar explicarnos algunos aspectos de la contingencia que nos impacta, siempre con fuerza inusitada, la mayor parte de las veces estos intentos parecen expulsarnos de su despliegue. Quizá sea porque los acontecimientos, que de algún modo se ven venir, no dejan a entera disposición su “momento” y su “naturaleza”.

Sin embargo, no faltará quien parezca rendirse ante la evidencia de lo dado, pretendiendo erigirse en lector inmediato de los acontecimientos, pretendiendo descifrarlos en toda su espesura, incluso intentando dictarles al oído un porvenir. Lo que quiero poner sobre la mesa dice relación con esas voces que, fieles a lo dado de la actualidad, solo se limitan a proporcionar puntos de inteligibilidad de dichos acontecimientos, a costa de hacer caso omiso de ellos. Voces que saturan discursivamente los acontecimientos, por un impulso desmesurado de explicar y de conceder organización. Me interesa detenerme un poco a leer la hipoteca que, creo, se arrastra en dicha “pulsión” y cuál sería la dirección que pareciera actuar como incuestionable organización trascendente de los acontecimientos.

Frente a lo sucedido en estos últimos días en nuestro país, el primer gesto respecto de las movilizaciones, por parte de la articulación mass media-política institucional, ha sido un doble movimiento: primero, separar las movilizaciones de sus demandas y, segundo, separar las movilizaciones en sí mismas. Como es plausible, el segundo movimiento es dependiente del primero. Si bien, el primer movimiento es atendible (dado que los agenciamientos maquínicos de deseo funcionan con agenciamientos colectivos de enunciación, sin determinar ni su tipo de relación ni la naturaleza de cada uno de ellos), el segundo ha tenido el objetivo de distinguir protestas pacíficas de protestas violentas.

Suspendiendo qué es lo que se pueda querer decir hoy con el significante “violencia”, más todavía cuando se trata de demandas y movilizaciones que obedecen a esos lugares de encrucijada donde dimensiones jurídicas y morales se superponen o se entremezclan, y que son puestas en juego en un país que en todas sus dimensiones es profundamente desigual y de una desproporcionada inequidad, lo cierto es que las promesas permanentes de un crecimiento económico al alcance de todos (el Presidente Piñera habló incluso de Chile como “un oasis en América Latina”), no han hecho más que revelarse en flagrante contradicción con el hecho de que la fantasía de estabilidad de la clase media, como oportuna heredera no reconocida de la oligarquía, no es más que una vida amenazada por una efectiva caída en situación de pobreza, o acercándose a ella cuando menos se lo esperaba.

Chile es uno de los países con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres y, sin duda uno de los países de la OCDE con más bajos sueldos en relación con lo elevado del costo de la vida. No es extraño afirmar, como lo han hecho Noam Chomsky o Maurizio Lazzarato entre otros, que nos encontrábamos frente a una bomba de tiempo. No es extraño, tampoco, que en el país de América Latina con mayor nivel de endeudamiento de sus ciudadanos, en muchos casos con una deuda privada casi únicamente destinada al pago de educación y salud, las movilizaciones y protestas hayan hecho desfilar sistemáticamente consignas referidas al aumento del sueldo mínimo, a la extensa jornada laboral que tiene Chile, al alto costo de servicios básicos y de transporte, al sistema de salud y al funcionamiento del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Lo anterior ciertamente nos haría replantearnos los usos del término “violencia”, y sus modulaciones jurídicas, metafísicas, etimológicas. El hecho de hacer esta distinción entre manifestaciones o movilizaciones pacíficas y violentas solo puede proceder pasando por alto la línea de fuga que es la inclinación de cada protesta. Un punto singular donde se tuerce la línea, pero solo para hacerse vecino de otro punto nuevo, que no estaba completamente contenido. Habría que dedicarle un análisis exhaustivo y mucho más profundo a este punto; sin embargo, es un producto, esperado o no, de la producción misma de la protesta. Lo dicho, es la muestra de que las movilizaciones no pueden ser enteramente subsumidas en una voluntad general, en la adherencia a unas ideas claras y distintas, o en un paquete articulado de demandas.

 Sin embargo, distinto es el efecto cuando se sale a las calles. Uno podría decir: hoy coexisten formas actuales, producidas tanto en los modos en que la multitud se organiza, ya sea en las redes o fuera de ellas, y las fuerzas virtuales, sin una formación acabada, que opera directamente en protestas y movilizaciones. No es extraño entonces que en muchos casos sea muy difícil establecer una diferencia, un corte neto, entre una protesta pacífica y una protesta violenta, y que, también en muchos casos, precipita un recorte para segmentarizar al elemento lumpen de la protesta.

Considero importante preguntarse sobre esa difracción en el modo de enfrentarse a las protestas y movilizaciones. Las masivas evasiones del metro en Santiago (que tuvieron lugar desde que se hizo efectiva su alza, el lunes 7 de octubre, que fue iniciada por estudiantes secundarios y luego fue creciendo durante más de una semana), la quema de numerosas estaciones de metro (iniciadas el viernes 18) y los saqueos (primero a grandes cadenas de supermercados), fueron no solo el argumento que tomó el Gobierno para decretar un estado de excepción constitucional, en vistas de garantizar el orden público, sino los primeros hechos en ser condenados. En particular, respecto a la quema y los atentados a las estaciones de metro, el Presidente de la República y su Ministro del Interior, Andrés Chadwick, sin todavía identificar propiamente responsables en la mayor parte de casos, han podido hablar con certeza de “grupos organizados” implicados tras estas acciones delictuales. Lo que nos deja entonces la tarea de evaluar cómo se relaciona el movimiento y consistencia de las movilizaciones con esa pretendida organización.

La violenta afirmación de Piñera el domingo 20, “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”, y que sirvió como apuntalamiento discursivo para decretar el toque de queda progresivo en dos tercios del país, requirió de una constatación sin prueba alguna: “Estamos conscientes de que tienen un grado de organización, de logística, que es propia de una organización criminal”, llegando incluso a señalar que “(…) sabemos lo que están preparando para mañana”. Chadwick lo secundó al día siguiente: “Yo decía que no podíamos tener la ingenuidad ni pensar que no había una acción que pudiese estar organizada, vinculada, en algunos de estos sectores de delincuentes o violentistas. Resulta bastante evidente con lo que ha pasado”.

Resulta muy interesante no solo el nivel de certeza con que se resuelve a interpretar la situación, sino sobre todo la adjudicación de un nivel de organización, que es justamente la que algunos como Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, o el escritor y columnista Rafael Gumucio, han puesto en entredicho respecto a las movilizaciones. Aun cuando es cierto que ambos se refieren a las movilizaciones en su conjunto y no a los actos delictuales, no deja de ser notorio que la llamada al orden –en un caso para detectar y reconocer la delincuencia, y en el otro, para mostrar las carencias en las propias protestas–, se repita para captar el funcionamiento de una multitud anónima, y actúen uno como el reverso del otro.

En una entrevista televisiva realizada por Iván Valenzuela, el lunes 21 de octubre[1], y frente a la frase sobre la guerra por parte de grupos organizados lanzada por Piñera y su gobierno, Carlos Peña pudo afirmar que se trata de una incomprensión total del problema, puesto que lo que hay en juego es, ante todo, un “estallido emocional, generacional”. Para Peña, la debilidad del gobierno ha estado en su incapacidad de proporcionar “un orden cognoscitivo de lo que sucede”, sumándose únicamente a imponer un signo de trascendencia a lo que no sería más que un “conjunto de estallidos pulsiones”. El error, según el abogado y rector, sería considerar que tras este conjunto “hay una especie de signo oculto, una suerte de planificación soterrada”, siendo que “estamos en presencia más bien de una especie de conmoción pulsional, generacional, muy fuerte, alentadas por ciertos problemas de legitimidad del tipo de modernización que Chile lleva adelante”.

Es difícil no reconocer aquí el imperativo que movió a pensadores protofascistas, como el francés Gustave Le Bon, pero que aquí le agregan un componente a este “conjunto de estallidos pulsionales”. En palabras de Peña, las protestas solo mostrarían ser un episodio de “contagio inevitable emocional, instintual”, que, a sus ojos, es también únicamente generacional. Podría entenderse que es un gesto simple, tradicional, de infantilización de un movimiento, que como decíamos en un principio, no se nuclea en torno a una única demanda o a un paquete de estas. Pero no es tan simple. Creo que en su articulación serial entre lo emocional-pulsional-generacional hay una demanda de organización por parte de Peña, que es más o menos evidente para intentar primero desactivar argumentativa y discursivamente las movilizaciones y protestas. Si bien es cierto que el estallido social se inició con un hecho puntual –la protesta ante el alza del pasaje de metro–, tal como el movimiento estudiantil estalló en 2008 por un reclamo por el pase escolar, para el Rector de la Universidad Diego Portales, “los procesos sociales son como los psicológicos”, como decía en una entrevista con María José O’Shea[2]. “Hay un síntoma en torno al cual se nuclean todos los malestares. No es que hayamos olvidado otras fuentes de discriminación, sino que todo eso se va a empezar a nuclear con otro tipo de agenda”.

Es la necesidad de agenda lo que extraña Peña. Esta generación carece de deliberación y mediación racional; toma por injusto lo que siente que es injusto. Una generación que “tiene la sensación de que lo que ellos sienten como certeza subjetiva acerca de lo que es verdadero o correcto es un principio valido de acción social sin ninguna deliberación”. El mismo lunes en que Chadwick no dudaba de la evidencia de organización de “delincuentes o violentistas” que habían quemado y saqueado, Carlos Peña parecía contar con la evidencia de una juventud desorganizada, sumida en una “conmoción emocional”. ¿Cómo se le da esa evidencia? “…no he visto una agenda de reivindicaciones, no he visto un listado de ideas, no he visto ninguna orientación normativa, lo que hemos visto en un espasmo violento que hemos visto en la sociedad chilena”. Luego de desvincular la serie posible evasión-movilizaciones de los problemas que podrían causarlos, desactiva su propia teoría del síntoma central en torno al cual se nuclean los malestares y las agendas.

“Lo que vimos fue un acto de violencia extendida simplemente, una rebelión contra las instituciones estatales. Eso es lo que vimos. Decir que eso es un movimiento ciudadano, como si estuviéramos en presencia del movimiento de los derechos civiles de Luther King, es simplemente una tontería”. Ciertamente no podemos decir que en el caso de la evasión se trató de desobediencia civil, sobre todo si todo se evalúa según el que quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos; Peña ya nos ha hecho saber que no existe aquí la capacidad de ser consciente de acciones y motivos, solo contamos con pulsiones, instintos, emociones. La evasión del metro sería así un delito de quienes ni siquiera logran captar que incurran en un delito. Y a continuación, las movilizaciones, por muy justas que sean las demandas que reclaman, recaen en la falta de cabeza que Gumucio les impugnaba hace unos días: precisamente porque, para Peña, no cuentan con “una agenda de reivindicaciones”, “un listado de ideas” o una “orientación normativa”. Una debilidad normativa que hace imposible el mínimo civilizatorio de pagar el pasaje de metro, y que empaña para Peña al funcionamiento de la multitud, quizá precipitándola más allá de la paz. Es evidente, como consecuencia de eso, el llamado de Peña a la convicción, obvia según nos enseña, de que “el principio básico de la vida dentro del Estado es que hay una fuerza que es ilegítima, que es la ejercen los ciudadanos, y una fuerza legítima, que es aquella que monopolizan los órganos estatales”[3]. Sin embargo, no podemos desconocer que es esto lo que está en entredicho: como si no se pudiera escapar de la forma Estado. Todo el llamado de Peña es un llamado al orden, a volver al Estado, referencia que marca para él la base de la vida política.

No nos referiremos a la hipótesis completamente demodé para explicar esto, cercana a las antiquísimas teorías de la anomia. Una hipótesis no política, sino psicosocial, que explica un deterioro de los grupos primarios de pertenencia que dejan sin orientación normativa a los miembros de los nuevos grupos incorporados al bienestar. Más nos interesa el insistente recordatorio de que, en el fondo, en Chile habría un problema intelectual “incapacidad de pensar e incapacidad de hablar”, que exigiría una imposición –portaliana, si se nos permite el juego aquí– de “ideas firmes y racionalidad”. La tarea del intelectual es recordar el orden que mantiene la separación entre las fuerzas, o entre fuerza y violencia, y lo que garantizaría la administración legítima de la fuerza.

Si ya había podido culpar de falta de organización al movimiento feminista de 2018, reduciéndolo a un fenómeno generacional –infantil o adolescente–, es quizá porque eso garantizaría a sus ojos expulsarlo de toda política. Similar a la hipótesis de Alfredo Joignant respecto al movimiento feminista[4], que trataba de mostrar que el feminismo había estado ausente de la izquierda por haber estado ausente de los partidos de izquierda. Lo que evidentemente no solo reduce y cerca el lugar de la izquierda, sino que de un modo todavía más grave, oblitera rigurosamente la naturaleza de una movilización, en lo que a nosotros hoy respecta. Digámoslo así: si la movilización es generacional lo es, para Peña, por su debilidad normativa, y es porque con ello ha expulsado así todo tipo de organización que no esté en condiciones de pensar, de la política, que él reconoce técnica y jurídicamente como “democracia representativa”, pero que no es otra que una oligarquía empresarial con distintos órdenes de representación en la política de partidos.

Un discurso como el de Carlos Peña y otro como el del gobierno de Sebastián Piñera no están nunca lejos: una incapacidad estructural de dar cuenta del acontecimiento, precisamente porque el acontecimiento es lo que marcha en adjunción a la estructura. Tal vez por eso suenen tan próximos la exigencia de orden que Peña pide a las movilizaciones como la exigencia de organización que el gobierno de Piñera quiere descubrir en la (in)explicable quema simultánea de las estaciones de metro en Santiago. Ambas solo se contentan con entender la política buscándola en la mente maestra que puede ser traducida discursivamente en una forma semejante a un “buen gobierno”. Y es que quizá el problema es que las ideas políticas no son sencillamente eso: ni algo similar a la firmeza y racionalidad de “una agenda de reivindicaciones”, de “un listado de ideas”, de una “orientación normativa”, y ni siquiera al plan secreto de una agrupación terrorista. Cual sea la singularidad de una idea política, eso quizá sea lo que nos queda por pensar.


* Académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, Chile.

[1] “Chile en crisis: Entrevista al analísta político Carlos Peña”, T13, 21 de octubre de 2019. Consultado en octubre de 2019, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rrtBEuUaDxM.

[2] Carlos Peña, “Los hombres están desconcertados”, entrevista en Revista Paula, La Tercera, 2 de junio de 2018.

[3] Posteriormente, en la misma entrevista, repite la misma figura, cambiando ligeramente los términos con un detalle no menor: “la fuerza legítima que ejerce el Estado y la violencia, siempre ilegítima, que ejercen los particulares”.

[4] Daniel Hopenhayn, “Si no levanta una agenda de salud, educación y pensiones, la izquierda está muerta”, entrevista en The Clinic (edición impresa), jueves 31 de mayo, 2018.

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