El rol de la defensa jurídica como resistencia contra la impunidad

el 23 marzo | en Sin categoría



Pléyade número especial / Febrero (2019)

online issn 0719-3696

ISSN 0718-655X / pp. Xx-xx.

El rol de la defensa jurídica como resistencia contra la impunidad

Rodrigo Mallea Cardemil *

Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile

La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile es una organización dedicada a la protección y defensa de los derechos humanos, que nace como consecuencia directa del estallido social del 18 de octubre y como una respuesta voluntaria y autoorganizativa frente a la represión desmedida en las calles de nuestro país. Los niveles de protesta aumentaron con el pasar de los días y así también aumentó la fuerza represiva de los aparatos estatales. Como consecuencia inmediata, se incorporaron a las demandas sociales estructurales que dieron génesis a este conflicto aquellas reivindicaciones en torno al fin de las irregularidades represivas por parte de agentes del estado –a saber, niveles excesivos de violencias, pérdidas oculares, muertes de manifestantes, entre otras– como una agenda de derechos humanos orientada a poner fin a la impunidad y a los abusos, así como la reivindicación en torno a una Nueva Constitución.

Nuestra labor se enfoca principalmente en lo jurídico, proveyendo asistencia gratuita, acompañamiento y asesoría en comisarías, centros de detención, hospitales y centros de salud públicos de Santiago. Además, nos coordinamos con defensorías y piquetes jurídicos a lo largo de todo el país, y generamos una red internacional de información con chilenos y chilenas en el extranjero. También nos articulamos con una serie de organizaciones de la sociedad civil, principalmente con Londres 38, la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM y la Corporación 4 de agosto entre otras. Por supuesto, estamos en coordinación con el Movimiento Salud en Resistencia.

A grandes rasgos, una reacción inmediata al estallido fue la de poner en evidencia la falta absoluta de respeto hacia los derechos mínimos de reunión, de tránsito, de libertad y de manifestación en espacios públicos, sumada a las violaciones a la integridad de las personas que eran disipadas con un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. Inclusive, fuimos testigos de amenazas graves a la integridad física a las personas que eran disuadidas con armas de perdigones disparados a quemarropa y a cortas distancias, o bien directamente a los ojos de las personas manifestantes, generando un altísimo índice de lesiones y consecutivas pérdidas oculares.

            Estas vulneraciones de derechos se enmarcan en procesos irregulares tanto de detenciones como de constatación de lesiones. Por un lado, en las comisarías de Santiago se registró por personas voluntarias y de manera constante: impedimentos para acceder a información y registros públicos, impedimentos al acceso a las personas detenidas, procedimientos en los cuales se vulneran derechos, espacios físicos inadecuados para las detenciones, amedrentamientos al equipo de la Defensoría Jurídica, anomalías en el procedimiento de constatación de lesiones, y otras irregularidades. Es decir, existen afectaciones de derechos en manifestaciones en la vía pública y también en los irregulares procesos de detención, todo lo que extiende y diversifica la naturaleza de las vulneraciones de los derechos de las personas.

La sistematicidad y gravedad de estos antecedentes efectivamente genera alarmas que en un estado de derecho se enmarcan en el espectro antijurídico. Pero no se trata sólo de aquello, sino que también pudimos evidenciar nudos críticos y violaciones gravísimas en torno a poblaciones que debiesen contar con protección jurídica especial, como son las denuncias de supuestos casos de tortura o acusaciones en torno a la violencia de índole sexual –tocaciones, desnudamientos y otras fórmulas de transgresiones corporales de mujeres y población LGBTIQ en los operativos policiales–. Incluso, trabajamos en la búsqueda de personas desaparecidas y asesorando a denunciantes en casos de torturas y tratos inhumanos por parte de efectivos policiales, todo lo que claramente se encuentra fuera de los márgenes de la legalidad permitida, y poniendo de manifiesto la flagrante vulneración de las obligaciones del estado chileno para con la comunidad nacional e internacional.

Por otra parte, observando la situación en algunos hospitales del territorio, se pueden ver medidas tales como la realización de detenciones en salas de espera o boxes de atención médica, impedimentos de acceso a recintos hospitalarios, amedrentamientos a nuestro equipo de trabajo y negación de información.

Analizando la óptica de carabineros y los protocolos que rigen la puesta en marcha de sus operativos de dispersión de manifestantes, vemos que existen falencias graves y acciones que están fuera del marco legal. En un evento público, antes de usar gases lacrimógenos, se debe advertir por altoparlante a lo menos tres veces, para dar así un tiempo prudente a las personas para que puedan despejar el área. Carabineros de Chile tiene prohibidos los tratos inhumanos y degradantes, así como cualquier forma de tortura. Los procedimientos de privación de libertad deben utilizar la mínima fuerza necesaria para evitar causar cualquier tipo de lesiones, y en cualquier circunstancia éstos deben desarrollarse por el tiempo más corto posible. Se debe informar a la persona detenida acerca del motivo de su detención, así como sus derechos, debiendo tratarla con la dignidad que merecen todas las personas y sin prohibiciones específicas, como la de desnudar durante un registro.

Con estas labores, nuestra Defensoría busca hacer cumplir el respeto mínimo de derechos humanos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, que garantizan el el ejercicio pleno de las prerrogativas individuales y colectivas. En este contexto, las labores realizadas se encuadran en el objetivo de que no exista impunidad para la transgresión de estos márgenes jurídicos democráticos. La justicia debe actuar indiferentemente de investiduras públicas, o incluso con mayor celo hacia aquellas personas que tienen el deber legal de utilizar recursos públicos para proteger al resto, en lugar de atacarlas violentamente.

Creemos sin duda que la situación en que se encuentra el país nos invita a reflexionar en torno a la realidad histórico-jurídica del Chile de hoy, pero en lo inmediato es perentorio analizar la reacción del aparato estatal en torno al deber de resguardar el orden público, poniendo la integridad y los intereses de todas las personas como elemento intrínseco a toda política de seguridad pública. Sostenemos responsablemente que la acumulación de factores fuera de todo orden legal terminó por fomentar un clima mayor de desorden y falta de comunicación, demostrando así la obsolescencia de los protocolos de acción de Carabineros, los que en una situación de crisis –y en consecuencia de una mayor necesidad en su aplicación– no fueron respetados en lo más mínimo.


* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Coordinación General de la Defensoría Jurídica Universidad de Chile. Correo electrónico: r.mallea.2010@gmail.com.



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