La mutilación ocular como crimen de lesa humanidad y el estado de excepción permanente en Wallmapu

el 24 enero | en Sin categoría

Pléyade número especial / Enero (2020)

online issn 0719-3696

ISSN 0718-655X

La mutilación ocular como crimen de lesa humanidad y el estado de excepción permanente en Wallmapu

Sebastián Saavedra Cea

Cristopher Corvalán Rivera**

Fabien Le Bonniec***

Centro de Investigación y Defensa Sur – Cidsur

En las últimas décadas, el uso de armas consideradas no letales por parte de Carabineros de Chile ha sido recurrente en las comunidades mapuche movilizadas por sus derechos, generando diversos heridos, incluso varios que perdieron la visión de un ojo. Luego de la muerte de Alex Lemún en noviembre de 2002, y tras un extenso proceso a nivel internacional, el Estado de Chile suscribió un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que, como garantía de no repetición, se obligaba entre otras medidas a aprobar un decreto presidencial que contuviera lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial. Sin embargo, la represión en el marco de las recientes movilizaciones a lo largo del país da muestras de la nula efectividad de estos protocolos. A poco más de 3 semanas de protesta, de acuerdo con las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el saldo de heridos supera las dos mil personas, y ya son veinte las fallecidas, cinco de ellas por acción directa de agentes del Estado. Entre los heridos, más de doscientas personas presentan lesiones en sus globos oculares por el uso de armas supuestamente no letales. 

Simbólicamente, resulta muy relevante que la protesta social sostenida bajo la consigna del “Chile despertó” haya sido enfrentada con disparos a los ojos, en un intento por volver a acallar y mutilar a los manifestantes. Por su rasgo histórico, su carga simbólica y su masividad, los traumas oculares son relevantes para entender cómo esta práctica se había instalado en Wallmapu (País Mapuche) bastante antes del establecimiento del estado de excepción constitucional. Por otra parte, dichas situaciones dramáticas ponen en evidencia que estas prácticas criminales revisten el carácter de delitos de “lesa humanidad”, tanto en el Wallmapu como en el resto de Chile.

Del estado de excepción permanente en Wallmapu al origen del “nuevo” protocolo de actuación de Carabineros

El 7 de noviembre de 2002, el adolescente mapuche de 17 años Alex Lemún fue abatido por el disparo efectuado por el entonces Mayor de Carabineros Marco Treuer, el cual impactó en su cabeza y le provocó la muerte cinco días después, el 12 de noviembre. Luego de presentadas las acciones legales, la causa fue sobreseída por la Justicia militar el año 2004. Frente a esta denegación de justicia, el caso fue llevado ante el CIDH, organismo que el 2017 estableció que el Estado de Chile era responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación, así como también a garantías judiciales y protección judicial.

Durante todo este período, desde el fin de la dictadura hasta el informe de la CIDH, y en particular a partir del “estallido mapuche” de Lumaco en 1997, las comunidades mapuche han sido el escenario privilegiado de violentas operaciones policiales. Un estado de excepción permanente, aunque no declarado, se ha instaurado en estas comunidades en nombre de la lucha en contra del “terrorismo” y la violencia rural. Producto de esta represión, son centenares los mapuche que han sido heridos con total impunidad por balines y perdigones. Justamente en este contexto podemos contabilizar varios casos de personas que perdieron parte de su visión, tal como ocurre hoy en el resto del país. 

En efecto, y sin pretender un recuento exhaustivo, podemos mencionar los casos de Abraham Santi Calbullanca, de 32 años, quien perdió su ojo derecho en 2001 producto de disparos con balines realizados por Carabineros mientras efectuaban el desalojo de una ocupación pacífica en la comunidad Pascual Coña de Cañete. Un año después, Ramón Llanquileo Pilquimán, de 22 años de edad, recibió un disparo de balín en el ojo mientras participaba de una recuperación territorial en Temulemu, Traiguén. Durante el año 2009, Pablo Catrillanca Queipul de 35 años, sobrino del Lonko de la comunidad Temucuicui y tío de Camilo Catrillanca, perdió su ojo izquierdo producto de perdigones disparados por Carabineros en medio del desalojo del Fundo La Romana de Ercilla. En circunstancias similares, Miguel Antiqueo Painen,de26 años, perdió su ojo izquierdo en 2015 en una recuperación de terreno en la Comuna de Río Bueno. Nuevamente en la Comuna de Ercilla, en la comunidad Huañaco Millao Dos, Carlos Huequillán Palacios, de 35 años, recibió un impacto de perdigones directo al rostro mientras se trasladaba a su hogar desde la casa de su madre en 2018. El mismo año, la estudiante de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de la Frontera Fabiola Antiqueo Toro, de sólo 18 años de edad, perdió su ojo izquierdo producto del impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros para reprimir una manifestación en apoyo a los presos mapuche, en las afueras del hogar mapuche Lawen Mapu. En cada uno de estos casos, las víctimas debieron trasladarse por sus propios medios hasta los recintos hospitalarios para recibir la atención médica correspondiente, en clara contravención al deber de ayuda impuesto a Carabineros por el protocolo respectivo.

Cuando la CIDH llegó a sus conclusiones en el caso de Alex Lemún, y con el objeto de evitar una nueva condena internacional por violación a los derechos humanos, el Estado de Chile y la familia Lemún y sus representantes firmaron un “Acuerdo de Cumplimiento”, en el que consta la obligación para el Estado de “aprobar un Decreto Presidencial que contenga lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial de conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos en la materia”. En cumplimiento del acuerdo, el 13 de noviembre de 2018 el Ministerio del Interior dictó el Decreto Nº 1.364 que «establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público». Sin embargo, al día siguiente funcionarios de Carabineros (pertenecientes al denominado “Comando Jungla”) dispararon sus fusiles de guerra contra el comunero mapuche Camilo Catrillanca y el adolescente que lo acompañaba, de iniciales M.A.P.C., quien fue además detenido y torturado mientras Catrillanca agonizaba, lo que dejó en evidencia la absoluta insuficiencia de las normas reglamentarias. 

Finalmente, el 1 de marzo de 2019 el General Director de Carabineros Mario Rozas dictó la Circular N° 1.832 (que actualiza las instrucciones acerca del uso de la fuerza) y la Orden General N° 2.635 (que aprueba el nuevo texto del protocolo para el mantenimiento del orden público). A la luz de los recientes acontecimientos nacionales, ambas dan cuenta de la incapacidad normativa de Carabineros de Chile para ajustar su actuación a un Estado Democrático de Derecho y a los estándares internacionales de Derechos Humanos.

A pesar de las condenas y requerimientos internacionales derivados de la violencia estatal en contra del pueblo mapuche, el uso desmedido de la fuerza por personal a cargo del orden público no ha cesado. Al contrario, esta desproporción en el uso de la fuerza se ha incrementado en el contexto de la revuelta social iniciada en octubre. Con funcionarios del Ejército y la Policía a cargo de resguardar el orden y la seguridad pública, desde la misma fecha del decreto del estado de excepción para los días 19 y 20 de octubre de 2019, agentes estatales comenzaron a ejecutar una serie de actos delictivos en contra de un gran número de personas: detenciones, lesiones, vejámenes sexuales, torturas y homicidios. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al 10 de noviembre de 2019 ha presentado cinco querellas por homicidio, 52 por violencia sexual y 192 por otras torturas. El número total de detenidos asciende a 5.629, de los que 634 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Las personas heridas suman un total de 2.009, 42 por heridas de bala, 643 por perdigones, 345 por armas de fuego no identificadas, y 41 por balines, 938 golpes, gases y otros. La Cruz Roja de Chile ya el 03 de noviembre contrastaba las cifras del INDH, indicando que el número de heridos ascendía entonces a 2.500 personas. En tanto el número total de detenidos alcanza los 22.260, según el informe elaborado por la dirección de estudios de la Corte Suprema el 11 de noviembre.

Particular notoriedad han tenido las lesiones de globos oculares, las que según el reporte del INDH ascienden a 200 personas. Esta cifra va en aumento día a día y ha llegado hasta su paroxismo con el caso del estudiante Gustavo Gatica, quien resultó con sus dos ojos reventados por disparos de perdigones en la región metropolitana. En tales circunstancias, el Colegio Médico de Chile y la Sociedad Chilena de Oftalmología denunciaron que más de 100 personas han perdido la  visión en un ojo por el impacto de perdigones.

¿Simples infracciones al protocolo, o crímenes de lesa humanidad?

Según da cuenta el protocolo actualizado de Carabineros, en relación al uso de elementos disuasivos señala: 

En lo posible, antes de usar disuasivos químicos deben hacerse advertencias a los infractores con el fin de dar a conocer a todo el entorno de tal situación [uso de altavoces] … En el sector central de las ciudades estará restringido el uso de dispositivos lacrimógenos de mano y cartuchos lacrimógenos. Estos sólo se utilizarán frente a necesidades imperiosas y luego de haber utilizado los demás medios dispersores.

En relación al uso de escopetas antidisturbio, consideradas por Carabineros como armas no letales, el protocolo indica que 

Su empleo deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios y cuando el efecto de otros elementos tales como agua, gases y otros resulten insuficientes, debiendo considerar en todo momento aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc., o si en la muchedumbre se encuentran participando menores, mujeres o ancianos.

Sin duda se trata de una normativa absolutamente insuficiente, pues no señala, por ejemplo, la dirección en la que deben ser dirigidos los disparos, ni la distancia apropiada para su empleo. La consecuencia de dicha omisión es la existencia de un impactante número de personas heridas a lo largo del país. A modo ejemplar y según reporta las acciones legales del INDH, la masiva protesta ciudadana en Temuco el día siguiente al del decreto del estado de excepción dio cuenta de 29 personas heridas por armamento no letal; dos de ellas perdieron la visión en uno de sus ojos.

En el caso concreto del uso de armas no letales, se puede identificar el uso de proyectiles con gases químicos disuasivos, los que poseen una regulación específica que no es cumplida por parte de Carabineros, quienes incluso utilizan la lanzadora de estos proyectiles para golpear a los manifestantes (algo que también ha provocado traumas oculares severos). Por su parte, el uso de escopeta antidisturbios lisa y llanamente no posee una adecuada regulación, pues deja un amplio espectro de maniobra a los funcionarios. Estos han utilizado las citadas armas de modo carente de criterio, disparando a quemarropa y sin ningún tipo de justificación más que la pura represión. Se trata de actos inhumanos que buscan intimidar y mutilar a los manifestantes para inocular temor en los ciudadanos, con el fin de que sus peticiones no lleguen a ser manifiestadas en el espacio público.

Tanto el uso de este tipo de armas como sus consecuencias han estado en el debate público a nivel internacional. En Francia, por ejemplo, las manifestaciones semanales en todo el país de los denominados “chalecos amarillos”, iniciadas en noviembre de 2018, han recibido una represión policial sin precedentes por el número de muertos (estimado en once personas) y de heridos víctimas de la violencia policial (más de 2.500 en menos de un año, entre quienes existen heridos en los ojos por tiros de lanzador de balas de defensa, LBD). Un reciente estudio de la revista médica británica The Lancet cuenta cerca de 40 casos de personas heridas en un ojo entre noviembre 2018 y agosto 2019, vale decir, un promedio de cinco personas por mes de protesta. La mayoría de las heridas son severas y han comprometido la visión de los afectados, nueve de ellos teniendo que sufrir una enucleación. Si bien el número de heridos por LBD (un arma supuestamente “no letal” y menos peligrosa que los perdigones) es mucho menor a las personas afectadas por perdigones en Chile, el ejercicio excesivo de la fuerza que demuestra ha sido objeto de un importante debate. Es así que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llamó a investigar estos abusos de parte de las fuerzas policiales francesa, mientras que el Consejo de Europa pidió suspender su uso. 

En Chile, el promedio de personas heridas en sus globos oculares alcanza la 9,5 diarias. El destacado profesor y jurista Claudio Nash ha comparado esta cifra con lo ocurrido en Hong Kong, donde tras dos meses de protestas no hay ningún muerto ni mutilaciones de este tipo. La ONU ha realizado un reciente llamado a suspender el uso de este tipo de armamentos en Chile, lo cual aún no tiene respuesta por parte de las autoridades locales. Frente a esta realidad, entendemos que los actos de violencia en contra de la población civil importan crímenes de lesa humanidad en los términos que establece la Ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. El Artículo 1º, Nº 1 establece que “Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurran las siguientes circunstancias: 1° Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. En tanto el Artículo 2° define que se entenderá por ataque generalizado “un mismo acto o varios actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas”. Considerando la jurisprudencia tanto de Tribunales como de organismos internacionales, la Corte Suprema de Chile ha establecido considerar “como elementos típicos del crimen contra la humanidad –en lo que aquí interesa–, el que las acciones que los constituyen sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y el conocimiento de dicho ataque por el agente”.

Ahora bien, queda saber a quién es posible imputar estos crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad no puede ser sólo individual, de quien dispara, sino se trata más bien de la responsabilidad política de quien ha declarado una guerra y, en conocimiento de los crímenes que han cometido Carabineros y militares, no ha actuado para detenerlos. Una política diametralmente distinta siguieron las autoridades británicas durante las violentos disturbios que afectaron Londres en 2011, cuando la policía mató a un joven afrodescendiente. Las autoridades dispusieron el no uso de las escopetas antidisturbios, para evitar una mayor radicalización del conflicto. Lo anterior demuestra que el uso o no de estas armas es ante todo una responsabilidad que incumbe a las autoridades políticas, y no sólo a quienes las manipulan. 

La situación en Chile es preocupante. La limitada regulación del uso de la fuerza por parte de las policías y el ejército es patente, reconocida incluso por el mismo General Director de Carabineros, que suscribió las actualizaciones de los protocolos respectivos. Tras los disparos recibidos por una estudiante del Liceo 7 de Santiago, el General señaló: 

Hay que mejorar nuestro entrenamiento, mejorar los protocolos, modernizar algunos protocolos, observar la experiencia de algunos países que hayan tenido estas mismas problemáticas. Ya pedí, siguiendo las instrucciones del Ministro del Interior y Seguridad Pública, una asesoría externa para observar nuestros procedimientos e indudablemente ver cómo podemos mejorar con los recursos que tenemos, optimizarlos, para poder enfrentar en el futuro esta problemática.

Con el uso cada vez más frecuente de los perdigones se busca individualizar la represión, marcando y mutilando los cuerpos, infundiendo el temor a protestar y transformando cada nueva víctima en un ejemplo para el resto de la población aún dispuesta a ejercer su derecho fundamental a manifestarse. Lamentablemente, en el País Mapuche esta política de mutilación no es exclusiva del estado de excepción constitucional, formalmente declarado, sino una realidad vivida diariamente por las comunidades que soportan ese estado de excepción de facto, naturalizado, única respuesta estatal a demandas sociales que, como ocurre hoy en la sociedad chilena, no tienen mecanismos institucionales que las encaucen a través de un prisma de derechos fundamentales. 

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