Lo que esconde el “estallido social”: un evento en busca de un nombre y un protagonista

el 11 noviembre | en Sin categoría

Pléyade número especial / noviembre (2019)

Online ISSN 0719-3696

ISSN 0718-655X

Lo que esconde el “estallido social”: un evento en busca de un nombre y un protagonista

Hernán Cuevas Valenzuela*

Universidad Austral de Chile

Jorge Budrovich Sáez* *

Universidad de Valparaíso

¿Qué está pasando en Chile? Explicar los recientes hechos contenciosos nos obliga a nombrarlos. Y, como es sabido, el cómo se denomina una lucha social y sus protagonistas es un asunto político crucial. Una protesta puede ser considerada injusta, destructiva, antidemocrática, criminal, violenta, terrorista, etcétera, o bien puede ser considerada una lucha justa. Por eso, la primera tarea política es la nominación: nombrar qué clase de evento es el que nos ocupa y, por supuesto, quiénes participan: quienes son las víctimas de los hechos, y quienes los responsables o culpables. El movimiento de protestas iniciadas en octubre de 2019 en Chile aún no tiene nombre; es un proceso abierto que nos invita a reconsiderar las coordenadas de la contestación social y de la acción política.

Con el paso de los días la expresión “estallido social” se ha convertido en uno de los términos más usados – aunque por cierto no el único – para nombrar los hechos de desobediencia, protesta, revuelta, tumulto, enfrentamientos, represión, saqueos, incendios, asambleas, marchas – entre otros – que se han sucedido en diversas ciudades de Chile, y que fueron antecedidas por varios días de protestas y evasiones colectivas protagonizadas por estudiantes en el Metro de Santiago. Hagamos una breve cronología de los primeros días de los hechos.

El 3 de octubre el Panel de Expertos del Transporte Público se reunió para evaluar la tarifa del Metro de Santiago y otros servicios asociados. Un día después, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) y la empresa Metro informaron un alza de la tarifa del Metro de 30 pesos que se justificó por “la variación del precio del petróleo Diésel, el IPC, el incremento del costo de mano obra y la tasa de cambio, entre otros». La nueva tarifa general –y sus variaciones por rangos horarios– se aplicó a partir del 6 de octubre, llegando el pasaje a $830 en horario punta. En una entrevista televisiva, Juan Andrés Fontaine, el entonces ministro de Economía, sostuvo que quien tomara el Metro en horario “Valle” tendría una tarifa de 640 pesos, esto es, 30 pesos más baja que la entonces vigente para ese tramo horario. Esta indolente declaración recibió inmediatas críticas de usuarios y políticos en medios públicos y redes sociales. Posteriormente, los estudiantes del emblemático Instituto Nacional realizaron la primera “evasión masiva” en la estación Universidad de Chile del Metro.

Los próximos días, la misma acción de desobediencia civil –una acción deliberada de desobediencia de una medida tenida por injusta como forma de protesta pacífica– fue difundida por estudiantes de distintos liceos y reiterada en diferentes estaciones del Metro. Estas evasiones masivas fueron organizadas por medio de redes sociales, llegando el 14 de octubre a producirse las mayores evasiones colectivas. En los días siguientes la evasión siguió multiplicándose, incluyendo a otros usuarios no escolares. El 17 de octubre, Juan Enrique Coeymans, presidente del Panel de Expertos que define las tarifas del transporte público, cuestionó la evasión: «cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta”. Pero durante la mañana del 18 de octubre, la Ministra de Transportes dio pie atrás y descartó definitivamente retrotraer el alza. Paralelamente, esa misma mañana se iniciaron las protestas en la estación del Metro Maipú, y a medio día ya se habían multiplicado los puntos de protesta y de “evasión masiva”. La tarde del 18, con un Metro que funcionaba sólo parcialmente, miles de usuarios debieron salir a las calles de Santiago en busca de medios de transporte alternativos para volver a sus casas. Se inició así la que se convertiría en la jornada de protestas más caótica y violenta, la que culminó el 19 con un saldo de suspensión del servicio de Metro en numerosas estaciones y en todas sus líneas, la destrucción de torniquetes e infraestructura, y la quema de numerosas estaciones y trenes, así como de buses. Al término de la jornada, Metro informó 77 estaciones de la red afectadas, y daños de más de 380 millones de dólares americanos. También se reportaron numerosos saqueos, especialmente de supermercados, farmacias, tiendas de cadenas y franquicias nacionales y trasnacionales.

Frente a la propagación de los “cacerolazos”, los disturbios y protestas violentas en distintos puntos de Santiago, el Gobierno decidió recurrir a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Así, en la madrugada del 19 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Las fuerzas del Ejército, al mando del general Javier Iturriaga del Campo, jefe de la Defensa Nacional, asumieron el control de la seguridad y el restablecimiento del orden público. A pesar de dichas medidas de fuerza, durante el 19 de octubre se registraron “cacerolazos” y masivas protestas en Santiago y las principales ciudades del país. El general Iturriaga decretó toque de queda en la capital –entre las 22:00 y las 7:00 horas–, el primero en democracia (el último se había decretado en 1987 en Dictadura). Aunque el Presidente anunció que el alza de la tarifa del Metro se suspendería, las protestas continuaron. Durante la noche del 20 de octubre el Presidente Sebastián Piñera ofreció su respaldo al Ejército afirmando en un discurso difundido por cadena nacional que: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. Los próximos días se volvió a decretar cada tarde el toque de queda en Santiago, medida que se extendió a las principales ciudades en 12 regiones del país. Junto con la expansión del estado de Emergencia en el territorio, crecieron las denuncias por represión y violaciones de los derechos humanos de militares y carabineros, especialmente durante el toque de queda. El mismo 20 de octubre, la Cámara de Diputados sesionó de manera extraordinaria para aprobar el proyecto que revertía el alza de las tarifas del transporte.

De este modo, el país que días antes era destacado por el presidente Piñera como ejemplar en la región, se convirtió en un polvorín, ahora mucho más parecido a sus vecinos. Como había sucedido en 1949 y luego en 1957, la protesta por el alza del precio del transporte desencadenó una crisis profunda, una dislocación del orden político y de los marcos de referencia simbólicos que descolocó a la clase política.

Los días 21 y 22 de octubre, el Rector de la Universidad Diego Portales Carlos Peña, líder de opinión reconocido por las principales fuerzas sociales del establishment, sentenció en dos entrevistas de televisión que “estamos en presencia (…) de una especie de conmoción pulsional generacional (…) alentada por ciertos problemas de legitimidad del tipo de modernización que Chile lleva adelante”. Suplementariamente, el psiquiatra Ricardo Capponi ofreció una narrativa psicologista de la crisis para sostener que la élite debía corregirse para procesar más adecuadamente las demandas de las nuevas generaciones y sus protestas en la calle.  Pro el relato que más circuló en esos días, y que produjo una enorme resonancia no vino de alguno de los magos de la tribu, sino de la experiencia cargada de ingenuidad, clasismo, caridad y sentido común de la clase dirigente. El 22 de octubre se difundió un polémico y revelador audio de la Primera Dama, Cecilia Morel, quien describió la situación de crisis en términos que vale la pena recordar in extenso:

Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy grave. (…) Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.

La difusión de dicho audio contribuyó a consolidar un clima cultural de malestar social y a agudizar la sensación de abuso, desigualdad e injusticia social de parte de la ciudadanía que tendió a interpretar el relato de la Primera Dama críticamente, como lo revelan los innumerables memes a que dio origen, consolidando un discurso de polarización social que contraponía las demandas populares, la protesta social y sus masivas marchas, manifestaciones y “cacerolazos”, a los intereses de la élite, su inacción e insuficiencia. El mismo 22 de octubre se decretó la cuarta noche de toque de queda en la capital y otras ciudades del país, y por la noche, en cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera pidió perdón al país por no haber comprendido el profundo malestar que se incoaba en el pueblo. Junto con ello anunció un paquete de inmediatas medidas sociales para enfrentar la crisis: sueldo mínimo garantizado de $350.000, el aumento inmediato del 20% en la pensión básica solidaria, una ley de medicamentos para regular su costo, mayores impuestos a los sectores de más altos ingresos, reducción de la dieta parlamentaria y de los altos sueldos de la administración pública, y un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, entre otras. El conjunto de medidas del gobierno representa el 0,4% del PIB nacional, lo que fue descrito por políticos de oposición como una tardía y tímida agenda social. Las multitudinarias marchas continuaron en Santiago, Valparaíso, Concepción y otros puntos del país.

También el 22 de octubre, el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, se reunió con el Presidente para plantearle su preocupación por “la violación de los Derechos Humanos” durante los disturbios, y por las 19 personas fallecidas que hasta la fecha había informado el gobierno. El 24 de octubre el Presidente Piñera invitó a la ex Presidenta Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, para que enviara personal calificado con el objeto de evaluar la situación en Chile. Hasta el 2 de noviembre se contaban más de 4.300 personas detenidas y “179 acciones judiciales, de las cuales 132 son querellas por torturas y tratos crueles y degradantes”.

La suma de los hechos de contestación y represión social verificados desde el comienzo de las movilizaciones ha dado pie a especulaciones respecto de la lógica que los articula, colocando en circulación variadas interpretaciones y explicaciones, algunas tan insólitas como las contenidas en las palabras de la Primera Dama Cecilia Morel (“invasión alienígena”) y del Presidente Piñera (“guerra contra un enemigo poderoso”) ya referidas. Otras, más plausibles, plantean complejas narrativas sobre la modernización capitalista y el malestar social, constructos y modelos interpretativos que, finalmente, parecen haber encontrado su momento. La circulación de estas interpretaciones no es inocente. En ese sentido, no es raro que tal diversidad de hechos se preste a amalgamas perversas, como sucede toda vez que se ha debido distinguir entre actos como el saqueo, la violencia política, el ataque incendiario y la marcha pacífica, o entre la disuasión y resguardo del orden con uso proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de armadas y de orden y las violaciones a los derechos humanos. Así, es oportuno admitir que nos encontramos en el momento de tomar posición insistiendo en matices y distinciones, aunque sin soslayar la reflexión en torno la totalidad de lo que sucede. Un imperativo a la reflexión que nos interpela, sobre todo cuando se le reduce a la hoy difundida y trivializada fórmula de “estallido social”, o simplemente se le caricaturiza, tal como en el relato de la “guerra contra un enemigo poderoso”.

Vale la pena considerar si experimentamos un proceso revolucionario por más de una razón. Primero, porque la crítica intelectual y política de la variante neoliberal del modo de producción y sus estrategias de acumulación, que ya cuenta con décadas de historia, se ha visto (nuevamente) reforzada por un difundido cuestionamiento popular expresado en una imprevista politización de la comunicación social en los medios de masas, e incontables hechos y actos políticos de violencia, desobediencia y burla contrarios a las pautas que rigen la cotidianidad del calendario productivo. La eficacia de esta crítica popular ha desbordado lo que podría atribuirse al mero poder persuasivo y performativo de las redes sociales informáticas. Pero además porque, si bien no es pertinente hablar de “guerra”, no se puede negar el lugar central que ha ocupado la violencia política en los sucesos dislocatorios. En ese sentido, no deja de ser significativo que desde el mismo viernes 18 las manifestaciones en las calles hayan derivado en el asalto a infraestructuras emblemáticas, antiguas y recientes, de la estrategia de desarrollo impulsada por la oligarquía chilena. Por una parte, el Metro condensa la modernización tecnológica, la calidad del servicio, la aceleración de la vida, con una forma de subjetivación economicista e individualista funcional a la precarización de la vida laboral y social. Por otra, las instalaciones y el edificio patrimonial de El Mercurio de Valparaíso, el diario más antiguo de Hispanoamérica que simboliza la connivencia y continuidad de los intereses extractivos y financieros de la oligarquía con una perspectiva ideológica funcional y sus aparatos de difusión.

Según Hannah Arendt, guerra y revolución se encuentran al margen de los restantes fenómenos políticos, básicamente porque no pueden ser concebidos fuera del marco de la violencia, “común denominador de ambas”[1]. Desde los tiempos de la polis griega, la vida política ha sido comprendida en tanto actividad desligada de la violencia, basada en la persuasión. Y mientras que la violencia desplegada en las guerras se dirige hacia el objetivo final del sometimiento del enemigo, en las revoluciones no se constituye como su elemento fundamental. Lo interesante de la violencia de las revoluciones, del modo en que es experimentada por sus agentes, cómo se presenta y cómo es leída por sus espectadores, radica en que se vincula al origen de la transformación social, a aquellos hechos y realidades que anteceden la estabilización social y la aparición de los asuntos humanos propiamente tales. Por eso mismo se trata de una violencia que es interpretada por los actores como irresistible, necesaria, irreversible, ajena al cálculo histórico, social, moral o político, aunque a veces se vuelve colindante con el terror y la tiranía de las pasiones desatadas. ¿Es esa violencia desatada, propia de los procesos revolucionarios, necesariamente opuesta a la causa de la libertad y la política? Niccòlo Maquiavelo, el consejero de príncipes e historiador florentino, artífice del realismo y la política moderna, también debió evaluar la relación entre violencia y orden político durante la turbulenta y fragmentada historia de los territorios italianos de los siglos XV y XVI. En el libro I de sus Discursos señala:

Creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma, se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron, y [no] consideran que en toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los nobles y el del pueblo, y [que] todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos[2].

Como vemos, Maquiavelo sostiene que el conflicto social y la polarización sí pueden conducir a resultados de grandeza y cambio social positivo para la res publica. Pero este es, ciertamente, un resultado contingente. De modo similar, la diseminación de la agitación social que ha experimentado Chile es un proceso aún abierto que nos obliga a pensar en otros procesos más cercanos temporalmente. Nos evoca, por ejemplo, la violencia desatada en Francia el año 2005 en lo que fue llamado la “revuelta de los suburbios” y la más reciente de “los chalecos amarillos” el 2018. En el primero de los casos, esa violencia desatada y proliferante fue zanjada con un decreto de estado de emergencia que duraría tres meses, hasta lograr la desactivación de la revuelta. En el caso de los chalecos amarillos, el gobierno de centro derecha de Macron no sólo debió detener –al menos temporalmente– una serie de políticas conservadoras y de austeridad, sino que además inició un proceso de consulta y deliberación ciudadano que terminó rediseñando y reencausando la agenda política y social del gobierno.

En el caso chileno, hay buenas razones sociohistóricas para situar el actual estallido social en el contexto histórico mayor de un ciclo de protesta y movilización social, cuyos antecedentes podrían remontarse a las luchas por la educación en los años 2006 y 2011, y a la acumulación de una serie de conflictos territoriales y sectoriales que no han sido adecuadamente procesados por el sistema político. Así, no debiera llamar a sorpresa que la actual efervescencia social se haya constituido en un movimiento que aúna diversas iniciativas de reforma socioeconómica y política en torno de una plétora de colectivos, movimientos y organizaciones sociales desconectadas del sistema de partidos institucionales, los que son sólo difusamente coordinados por la organización de hecho Unidad Social. Este proceso podría considerarse revolucionario hasta cierto punto, si es que se concede dicho apelativo a proyectos de reestructuración donde la distribución de la riqueza socialmente producida es transformada radicalmente y donde el poder social amenaza la institucionalidad y las reglas del establishment con el propósito de obligar un nuevo arreglo sociopolítico, en este caso, uno más favorable para los sectores populares. Pero si consideramos que la única revolución que puede preciarse de tal es aquella en la cual se supera el modo de producción basado en el trabajo asalariado y la valorización del valor, cabe ser más cautelosos. Lo importante es preguntarnos qué es lo que comienza a partir de lo que ha tenido lugar estos agitados días. Y como en toda crisis, es más fácil identificar aquello que está en cuestionamiento que aquello aún informe que está emergiendo.

¿Qué es lo cuestionado? En última instancia, lo que está cuestionado en Chile es la democracia capitalista. Por una parte, el sistema de partidos políticos, el régimen de representación y sus actores, especialmente sus entrelazadas élites socioeconómicas y políticas. También está cuestionada la estrategia de desarrollo neoliberal y rentista de la oligarquía, que genera insoportables niveles de desigualdad (social, de género, étnica y territorial). Por otra parte, estamos también ante un fallo del régimen de justicia social y de sus principios articuladores: la competencia y el crecimiento económico. Primero, un fallo de la competencia, entendida como principio organizador de la vida social y la justicia meritocrática, y a la vez como garantía de eficiencia económica difundida a todos los sistemas y espacios institucionales de la sociedad. Segundo, un fallo del crecimiento económico como fundamento del arreglo sociopolítico de compromiso posdictadura, que se creyó capaz de articular por un tiempo indefinido los diferentes intereses materiales, desde el más conspicuo sector de negocios representado por trasnacionales chilenas y extranjeras operativas en territorio nacional, a los trabajadores asalariados y precarizados del fragmentado mercado laboral chileno. Se trata, en definitiva, de una crisis sistémica, institucional, de régimen y de prácticas, que afecta tanto las reglas de la democracia representativa chilena, sometida a corrupción y crisis de representatividad, como al desempeño de la estrategia de desarrollo de capitalismo neoliberal impulsado por las élites en connivencia con el sector de negocios.

Quienes señalaron estos cuestionamientos fueron los cientos de miles, incluso millones de ciudadanos que se manifestaron en las calles. Como ha sugerido Judith Butler[3], es en la reunión de los cuerpos de los ciudadanos –en asambleas, marchas, protesta–- que se expresa el descontento respecto de una democracia representativa de baja intensidad e incapaz de representar su propia crisis y el malestar social. Al tomarse los espacios públicos –calles, plazas, parques– estas “acciones encarnadas” expresan una presencialidad de la ciudadanía y un reclamo indignado al “derecho de aparición” de quienes normalmente “no pueden aparecer, quienes son restringidos de la aparición” y que se hallan marginados de la esfera pública y sus espacios representativos y deliberativos. Durante las últimas semanas, al abrazar pasiones políticas como la indignación, cólera y rabia calculada, y prácticas como la agitación social, protesta no-violenta (incluidas formas de no-violencia activa) y la desobediencia civil, la ciudadanía se ha mostrado independiente y desapegada de los políticos profesionales (aquellos que viven de y para la política), atenta, crítica, movilizada, incluso confrontacional. Esta ciudadanía ha multiplicado los espacios y arenas públicas, politizando los espacios domésticos y familiares, los lugares de trabajo y los espacios educativos. También ha politizado los programas de televisión, radio y redes sociales. Esta politización de la sociedad se ha ido expandiendo en la esfera pública de manera extraordinaria en una miríada de nichos, arenas y acciones políticas. De esta manera, la ciudadanía, con su organización difusa, ha logrado ejercer una presión eficaz sobre la desconcertada élite política, las instituciones y los actores socioeconómicos más poderosos. De este modo, junto con criticar el establishment, la ciudadanía también ha contribuido al sistema político volviéndolo, al menos temporalmente, más responsable y orientado a responder a sus demandas. Como ha demostrado William Sokoloff, la indignación, cuando no es rabia ciega, puede ser una emoción política dialéctica que, emergiendo del abuso, gatilla la reflexión y lleva a respuestas creativas ante la opresión política y social[4].

La primera lucha que emprendió este multiforme y rizomático movimiento ciudadano de protesta fue la batalla por el nombre del movimiento: se opuso a los inmediatos etiquetamientos estigmatizadores imputados por el establishment. A estas alturas del proceso, el movimiento ha logrado evitar su criminalización y su definición como mero tumulto y violencia por parte del establishment. Por otro lado, el movimiento, carente de un liderazgo articulador centralizado, no ha estado completamente carente de coordinación, y ha logrado designar a sus enemigos: el gobierno, la élite extractiva y el gran empresariado, el neoliberalismo y sus tentáculos institucionales que precarizan la vida cotidiana de millones, la desigualdad sistémica y aquella anclada en las prácticas de abuso. También ha logrado organizarse en torno de los significantes entrelazados de reparación de la desigualdad –o de las desigualdades-, nuevo pacto social y nueva constitución. Estos se encuentran además articulados en asambleas, cabildos, marchas y protestas que encarnan el principio de la participación y no de la representación.

Este movimiento no se ha definido a sí mismo, pero quienes observamos los hechos –periodistas, comentaristas y conductores de televisión, académicos, columnistas y analistas– lo hemos ido denominando crecientemente como un proceso de estallido social. Nos preguntamos, finalmente, ¿por qué el éxito de la fórmula “estallido social”? El estallido social es indicativo del fracaso del crecimiento económico como principio articulador de los intereses de las diferentes fuerzas políticas y como fundamento material del compromiso de clases que legitimó la democracia capitalista posdictadura. El estallido social es también indicativo de la crisis de sostenibilidad del régimen de acumulación capitalista en su fase neoliberal y sus efectos sistémicos de desigualdad e injusticia social. La expresión sugiere además la fractura de una relación fatigada en sus contenidos y tensa en sus formas. Desde esa lectura es posible señalar con la mentada expresión el momento disruptivo que luego se disgrega en la multiplicidad de hechos, discursos, prácticas y pasiones políticas que abren un período de transformación social. Pero también se puede leer como una disfunción, como una falla en el complejo mecanismo de reproducción social que urge identificar y reparar.


* Profesor Asociado del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Correo electrónico: hernan.cuevas@uach.cl.

* * Doctorante en Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Valparaíso (DEI-UV), Valparaíso, Chile. Correo electrónico: jorgebudrovich75@gmail.com.

[1] Hannah Arendt, Sobre la revolución (Madrid: Alianza Editorial, 2004).

[2] Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (Madrid: Alianza Editorial, 1987), 39.

[3] Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea (Barcelona: Editorial Paidós, 2017).

[4] William Sokoloff, Confrontational Citizenship. Reflections on Hatred, Rage, Revolution, and Revolt (Nueva York: Suny Press, 2017).

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