Octubre

el 31 octubre | en Sin categoría

Pléyade número especial / octubre (2019)

Online ISSN 0719-3696

ISSN 0718-655X

Octubre

Damián Gálvez González[*]

Universidad Libre de Berlín          

Escribo contemplando la primavera, porque este tiempo incierto es para meditar lo que viene. Sin duda alguna la insurrección popular ocurrida en la punta más austral del continente americano, durante la segunda mitad del mes de octubre, plantea varias preguntas sobre las distintas maneras que expresa la sociedad chilena para actuar colectivamente. Una de ellas concierne a sus condiciones de existencia, al contexto concreto en el cual acontece la revuelta: la posdictadura que vivimos. Con sobrada valentía, y generosa determinación, las recientes manifestaciones callejeras desvelan la extendida sensación de injusticia que impera en el país, así como las contradicciones inherentes de aquella tesis –tan dominante y tan persuasiva– que eleva al neoliberalismo como la mejor alternativa para el bienestar humano prometiendo prosperidad, libertad y democracia. No obstante, y como bien sabemos, esta tesis está muy lejos de ser el caso.

El modelo de desarrollo neoliberal chileno es excluyente, y tiende a la acumulación de los beneficios en unas pocas manos privadas. Esto es revelador a la luz de la aguda concentración de la riqueza o la multidimensionalidad de la desigualdad. Por lo demás, la acción deliberativa ha sido reducida a los instrumentos de la democracia representativa como la única fuente legitima de participación política. En la posdictadura chilena, el poder estatal ha sido especialmente indolente en materia redistributiva. El neoliberalismo también ha implicado la intensificación de las exportaciones de recursos naturales a mercados globales. Por todo esto, en la actualidad, es necesario dar cuenta de la complejidad y densidad de la coyuntura que vivimos a efecto de transformar el orden social instituido.

Es difícil saber cómo será recordada esta primavera. Probablemente, intuyo, con alegría por la transgresión del statu quo en todas sus formas. Quizás con emoción por la profundidad que tuvo el acontecimiento. O con la confianza de haber abrazado, por un momento, la sensibilidad del pueblo. Es pronto para saberlo. La primavera sigue en curso. Pero una cosa es bien clara: las brechas salariales, la contaminación de los territorios, la crisis ambiental, las desigualdades de género, la privatización de la educación, el prejuicio racial, el descrédito de las instituciones, la criminalización sistemática de los movimientos sociales, el individualismo cuasi crónico, la sobreexplotación de los trabajadores y las diferencias de poder entre pueblos indígenas, empresas y Estado, son unos de los muchos factores que explican el notable incremento de la conflictividad en el Chile neoliberal.

Qué duda cabe. La noche del 19 de octubre estalló en pedazos. El estado de sitio decretado por la derecha fue la coronación, violenta y tirana, de sofocar mediante el uso de la fuerza el anhelo de imaginar políticamente un futuro distinto. El pueblo de Chile no claudicó manifestándose en contra del toque de queda. Expuso, fuerte y claro, que los militares tenían que regresar a sus cuartales, y quizás más relevante aún, que era el momento propicio para cambiar de una vez por todas las estructuras político-sociales del país. El presente y su epifanía, en suma.

Ahora bien, un poco más al sur, en el Wallmapu, territorio histórico del pueblo mapuche, el estado de sitio no es la excepción: es la norma. Muy bien lo saben sus habitantes que tienen que convivir a diario con la violencia practicada por la policía militarizada, la persecución a sus dirigentes y los múltiples jóvenes asesinados en las últimas décadas, como Alex Lemún en 2002, Matías Catrileo en 2008, Jaime Mendoza Collio en 2009, Rodrigo Melinao en 2013 y Camilo Catrillanca en 2018. En ningún otro lugar del país es tan clara la militarización. En ningún otro lugar del país es tan clara la idea del enemigo interno. En ningún otro lugar del país es tan claro el racismo. En ningún otro lugar del país es tan claro el despojo del territorio. En ningún otro lugar del país son tan claras las violaciones a los derechos humanos.

Visto bajo este aspecto, una dimensión clave para poder entender mejor la fragilidad de nuestro presente, y que mantiene en alerta máxima a la elite oligárquica criolla, es la singular voluntad neocolonial que despliega el aparato burocrático estatal para relacionarse con los pueblos indígenas. Como es bien sabido, el pueblo mapuche ha mantenido importantes grados de movilización frente al Estado. Los conflictos, lejos de menguar, han ido en aumento. Sus causas corresponden a profundas raíces históricas en torno a demandas no resueltas por el Estado en torno a la propiedad, el control de los recursos naturales y las luchas por el reconocimiento. Desde otro ángulo, la aplicación de la Ley Antiterrorista representa verdaderas dificultades para la construcción de un diálogo que permita destrabar las tan necesarias relaciones interculturales. Efectivamente, hace mucho tiempo que la plurietnicidad muestra graves niveles de descomposición en el sur de Chile, una compleja situación que, vale la pena recordar, le ha significado a los mapuche encarcelamientos no siempre sujetos al debido proceso jurídico y penal, allanamientos en sus comunidades… Todo ello, sostenido en un racismo que ocultamos con soberbia hipocresía y que genera una exclusión estructural de este grupo en el más amplio sentido del término.

Varias organizaciones del pueblo mapuche, en las diversas modalidades de su gama, se han identificado con el estallido social que sacude todos los poros del país. Paisajes de posiciones: desde los pliegues de la vida política institucional, pasando por sectores que se piensan en resistencia contra el modelo neoliberal, hasta el activismo indígena en la arena internacional. Por ejemplo, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) señaló que “en el marco de estas luchas impregnadas de rebeldía, rabía y dignidad, reivindicamos el legítimo derecho a la rebelión por parte del pueblo chileno oprimido, toda vez que la gobernanza neoliberal impone políticas económicas sólo en beneficio de los grandes grupos económicos”1. Mientras que la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), a través de su Presidente, Juan Carlos Reinao, sostuvo que “el Estado ha optado por solucionar un problema social y político a través de la militarización y la represión, al igual que contra nuestro pueblo. Esto no ha contribuido en nada a resolver las legítimas demandas de la ciudadanía, todo lo contrario, ha agudizado la situación generando un ambiente hostil y de enfrentamiento”2. Independientemente de las profundas diferencias entre una y otra forma de hacer política, tanto en la primera como en la segunda declaración, podemos ver una posición común que empatiza con las demandas sociales que abogan por un cambio radical en las bases del sistema político-institucional y el modelo de desarrollo económico.

La derecha chilena expresa un profundo error creyendo que la crísis que vive el país se soluciona con más represión. En todo caso, hace casi un año, luego del brutal asesinato de Camilo Catrillanca, comprobamos una vez más que la militarización y la violencia policial ha sido la receta predilecta del Gobierno de Sebastián Piñera para contener las legítimas reivindicaciones del movimiento mapuche. Si tomamos en cuenta las trágicas consecuencias que tuvo la creación del así llamado “Comando Jungla”, una policía especializada en operaciones contrainsurgentes con entrenamiento miliar en Colombia, resulta bien sencillo inferir que la aplicación de estas nuevas medidas de “seguridad nacional” han estado orientadas principalmente a la militarización del Wallmapu. Lo mismo podemos decir para los gobiernos neoliberales de la Concertación, que a pesar de sus diferentes instancias de acercamiento –como la promulgación de la Ley 19.253, la fundación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la realización de los Diálogos Comunales, la publicación de la Ley Lafkenche, la formación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, o la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, entre otros–, trataron la “cuestión étnica” casi exclusivamente como un problema de minorías culturales o  pobreza rural, impidiendo hasta la fecha un cambio sustantivo en la política con los pueblos indígenas3.

Los conflictos interétnicos tienen un carácter histórico, sin embargo, su situación actual debe ser atendida a la luz de los efectos que ha traído consigo un modelo que sigue cautivo por las beligerantes presiones de la lógica neoliberal. A partir de las manifestaciones ocurridas durante este turbulento e imborrable mes, vemos que con el neoliberalismo hay un crecimiento exponencial de los problemas sociales, también ambientales y laborales, así como un incremento sostenido en las demandas de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos colectivos. Entendido de este modo, y considerando esta compleja fase de mutua dependencia entre hegemonía neoliberal y políticas del reconocimiento, es obligatorio pensar las relaciones interétnicas desde una perspectiva más amplia que considere los altos grados de conflictividad que mantiene el Estado chileno y grandes empresas extractivas con las comunidades locales.

Como sabemos, las políticas afirmativas de la identidad se multiplican con intensidad en América Latina. Actualmente el multiculturalismo, en tanto política formulada para gobernar las diferencias culturales en el capitalismo globalizado, presenta varios problemas dependiendo de cada contexto. En primer lugar, su ambivalencia teórica y conceptual muestra que en determinadas circunstancias se emplea como una categoría política reivindicativa para referirse a las luchas por el reconocimiento de los pueblos indígenas, mientras que, desde otro extremo, se utiliza para perfilar una mirada comercial de la etnicidad como resultado de un proceso de mercantilización extendido de la cultura. Como ha sido ampliamente documentado en la ciencia social4, el neoliberalismo multicultural ha construido una imagen descontextualizada y esencialista del mundo indígena en dos formas antagónicas. La primera de ellas como expresión cosificada de un pasado glorioso, excelso y monumental. La segunda, en cambio, confiere al significante étnico todo aquello codificado en términos de inferioridad, violencia y atraso. Ya lo sabemos: entre el deseo y la fobia.

¿Cuándo comenzó el conflicto? ¿Por qué ocurrió esta gran revuelta? ¿Qué factores intervienen en la multiplicación de demandas que proliferan al presente? ¿Cómo intervendrá el movimiento indígena en todo esto? Lo que comenzó como un altercado por el alza del transporte público se convirtió en una reflexión sobre la historia de Chile. Por otro lado, el torbellino de octubre nos enseñó a desconfiar del poder y de la autoridad; nos hizo ver que las desigualdades son el motor del neoliberalismo. Probablemente las fuerzas sociales que emerjan de esta coyuntura tendrán que apelar a nuevos recursos de articulación política. Para resumir y terminar: hay que leer con atención lo que viene, porque Chile ya no es tan solo un país, es un nido que hierve al sur del continente, el cual toma forma en medio de la protesta, la esperanza y la memoria del pueblo.


[*] Doctorando en Antropología Social y Cultural, Lateinamerika Institut, Freie Universität Berlin (Alemania, Berlín). Investigador doctoral del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Correo electrónico: dgalvezfu@zedat.fu-berlin.de

1 Información disponible en: http://www.mapuexpress.org/?p=28951 (Consultado el 25 de octubre de 2019).

2 Información disponible en: https://www.amcam.cl/ (Consultado el 25 de octubre de 2019).

3 Rolf Foerster, Jorge Iván Vergara y Hans Gundermann, Estado, conflicto étnico y cultura. Estudio sobre pueblos indígenas en Chile (Antofagasta: Quillqa–IIAM, 2013).

4 Patricia Richard, Racismo. El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la Concertación 1990-2010 (Santiago de Chile: Pehuén, 2016).

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