Protesta social y crisis del poder neoliberal en Chile 2011-2019

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Pléyade número especial / octubre (2019)

Online ISSN 0719-3696

ISSN 0718-655X

Protesta social y crisis del poder neoliberal en Chile 2011-2019

Nicolas Fleet*

Universidad de Tarapacá

Desde 2011 que la crisis política que ahora se manifiesta en Chile era previsible. Se trata de una crisis de la relación entre Estado y sociedad, es decir, una crisis de legitimidad, cuya previsibilidad está inscrita en la estructura misma del Estado neoliberal. Hoy el poder neoliberal se queda sin razones y es defendido a través de la coacción; en condiciones normales, la legitimidad neoliberal se ha asegurado a través de consumo, redistribución focalizada y “nueva gestión pública”. El poder neoliberal queda expuesto en la medida que la política de Estado se cuestiona y corre la misma suerte que el Gobierno de turno. Sin la protección que, por décadas, la Concertación ofreció a la política neoliberal, el Gobierno de derecha es identificado con la fuente misma de su poder, exponiendo el sistema de dominación a esta crisis. Esto describe una condición propia y determinante del caso chileno, que tiene su origen en la generación del Estado neoliberal en dictadura. La crisis, reafirmamos entonces, obedece a la estructura del Estado, más que a un proyecto político alternativo. En efecto, dentro de esta previsibilidad estructural, la protesta irrumpe espontáneamente, como ninguno de los movimientos sociales que le preceden. La imagen de la olla a presión que revienta, como se ha representado este caso en el mundo, es elocuente en este sentido.

            En este artículo observamos tres aspectos de la crisis de la dominación neoliberal en Chile: primero, la articulación de la lucha social desde el movimiento estudiantil de 2011 a la protesta general de 2019; segundo, la exposición del poder neoliberal como condición estructural de esta crisis; y tercero, el vacío de liderazgo en un escenario político inéditamente abierto.

Del movimiento estudiantil a la protesta general

Al generalizar su crítica al modelo neoliberal, el movimiento estudiantil se instaló como “movimiento social central” de la sociedad chilena, revitalizando la acción contenciosa para el logro de demandas sociales y políticas, en este caso expresivas de las expectativas y desigualdades de la masificación del trabajo intelectual en la estructura social[1]. Mientras que el movimiento de estudiantes secundarios de 2006 concentró su crítica en la política sectorial, el movimiento estudiantil de 2011, liderado por estudiantes universitarios, vinculó las demandas sectoriales –gatilladas por un déficit en becas y por el intento de venta de una universidad privada de vocación pública– con demandas de transformación estructural del modelo, incluyendo una reforma tributaria y una nueva constitución política. El movimiento estudiantil provocó la crisis del primer Gobierno de Sebastián Piñera: en efecto, de la primera coalición de derecha en llegar al poder desde la restauración democrática. Luego, con las demandas del movimiento, la centro-izquierda retorna al poder en 2014, aunque al final la demanda por educación gratuita –que se orientaba a la refundación del sistema de educación superior público– termina siendo satisfecha vía voucher a la demanda, para que así instituciones privadas también reciban esos recursos públicos. En suma, si la popularidad del primer Gobierno de Piñera se estrelló contra la protesta social, el Gobierno de centro-izquierda de Michelle Bachelet demostró la resistencia del Estado neoliberal mediante la incorporación de demandas sociales en sus propios términos de redistribución focalizada.

            Rebasando la movilización estudiantil inicial, la irrupción de la protesta social implica la extensión de la base social de la crítica, articulándose con otros malestares asociados al alza del costo de la vida en general. La última incorporación al repertorio de protestas estudiantiles –la evasión frente al alza marginal del Metro en la capital– termina acusando la “gota que rebalsó el vaso”, esa que lleva a la situación de crisis al Gobierno el viernes 18 de octubre de 2019; al igual que en 2011, en el segundo año del Gobierno de Piñera. Esta crisis es autoprovocada por la desproporcionada respuesta del Gobierno para reprimir una protesta relativamente acotada, consistente en evasión del pasaje y destrozos menores en estaciones, invocando para ello la Ley de Seguridad del Estado. Como consecuencia, se produce un inédito escalamiento de las protestas violentas, primero contra la propiedad pública, principalmente el Metro, y luego saqueos a la propiedad privada, principalmente a supermercados, frente a lo que el Gobierno decide, también de manera inédita, imponer un estado de emergencia que cede el control de la seguridad pública a los militares; posteriormente, se aplica toque de queda. Ante la alternativa de que la represión inhiba o exacerbe la protesta, ocurre en este caso concreto lo segundo, sin dejar de anotar el papel que las fuerzas de represión han tenido al generar múltiples situaciones de violencia contra los manifestantes, constituyendo graves violaciones de derechos humanos que agregan una nueva dimensión a la crisis[2].

            Bajo estado de emergencia, con encuentros masivos y cacerolazos, la protesta rápidamente gana gran apoyo, perdiendo su anclaje en una demanda concreta y desbordando el problema puntual del alza en los pasajes. En lugar de demandas específicas, se generalizan las críticas a las condiciones estructurales de desigualdad y abuso en pensiones, salarios y salud; atribuibles al Estado neoliberal. En tanto, el Gobierno no anticipa esta articulación. Así, cuando el sábado 19 Piñera congela el alza de pasajes, las movilizaciones no se repliegan, sino que se incrementan. Cabe hacer notar el efecto conjunto que tienen, en esta primera etapa, las protestas pacíficas más las expresiones violentas en la producción de la crisis política, y también en el surgimiento de demandas generalizables, aunque amorfas. Mientras que en el discurso político del Gobierno la violencia –a la que se le declara la guerra– es separable de las protestas pacíficas; en la práctica esa separación es ficticia, porque es la protesta general, con sus elementos pacíficos y violentos en conjunto, lo que motiva la respuesta del Gobierno. Luego, el desenvolvimiento de la protesta en manifestaciones predominantemente pacíficas y, por lo mismo, políticamente más sustantivas, también excede la respuesta del Gobierno. En consecuencia, el paquete de medidas que Piñera ofrece el martes 22 para intentar acabar con las protestas, tampoco consigue su objetivo. Las medidas –siempre dentro del repertorio de redistribución focalizada del Estado neoliberal y sin retirar el estado de emergencia– no satisfacen a protestas que ya asumen un sentido histórico. En lo que parece ser la culminación de este movimiento, el viernes 25 de octubre, se realiza la más grande manifestación desde la recuperación de la democracia, reuniendo a más de un millón doscientas mil personas en el centro de Santiago. En tanto, las manifestaciones violentas se reducen drásticamente, a la vez que se terminan evidenciando en su forma más autodestructiva en la medida en que se segregan socialmente hacia las comunas más pobres.

            En suma, la construcción de este movimiento de protesta general es entonces atribuible a la politización del amplio segmento de trabajo inmaterial o de “intelectualidad masiva”, producida como efecto del movimiento estudiantil y su articulación, primero, con el trabajo asalariado en general, tal como ya se había dado en 2011 a través de gremios de trabajadores organizados, y segundo, con el movimiento feminista, como ocurrió en 2018. También se agrega el alcance de otros movimientos muy relevantes en el período, como el movimiento “No + AFP” y el apoyo a la causa mapuche. Junto con esta articulación, el rasgo más distintivo o novedoso de la protesta es su extensión hacia sectores populares. También participan barrios altos que antes no se habían sumado al movimiento social, y lo hacen ahora en solidaridad. En conjunto, la protesta general se entiende como el resultado de un proceso de acumulación de luchas sociales, cuya articulación se produce fuera de un proyecto político disponible, pero que al criticar al Estado por la desigualdad que reproduce y los abusos que ampara y, en particular, al irrumpir bajo gobiernos de derecha, se dirigen contra el poder del Estado neoliberal.

Poder neoliberal expuesto

Impuesto por una dictadura militar de derecha desde 1979, el Estado neoliberal chileno sustituye la función productiva del Estado por un rol subsidiario, lo cual implicó excluir a los sectores productivistas (trabajadores e industriales) e institucionalizar los intereses de la facción capitalista financiera (expresión dominante de las bases de apoyo de la dictadura) en el centro del poder del Estado[3]. Por una parte, mientras el Estado privatizó la propiedad pública[4], los principales beneficiados de este proceso fueron los funcionarios y cercanos al régimen que se hicieron de esa propiedad[5]. Por la otra, mientras la apertura radical al comercio internacional se alineó con los objetivos de destrucción de la industria local y del trabajo organizado, el programa de “modernizaciones” neoliberales[6] generó oligopolios económicos, como en salud y pensiones, que implicaron otras enormes transferencias de poder para sus propias bases de apoyo. Con la Constitución de 1980, la función subsidiaria queda fijada como marco del Estado neoliberal, dentro de la cual el Estado solo genera servicios y bienes públicos residuales del mercado y además financia al mercado para la provisión de tales servicios y bienes públicos. En este marco, el Estado neoliberal está, por defecto, alineado con los intereses económicos construidos al amparo de su rol subsidiario, mientras que la satisfacción de derechos sociales se jerarquiza según capacidad de compra, ofreciendo el Estado la más baja calidad disponible, lo que justifica la expansión del mercado a sus expensas.

            Con la restauración del régimen democrático, la Concertación circunscribe su acción dentro de los marcos del Estado neoliberal[7], mientras que sus objetivos políticos se dirigen a la modernización de este Estado[8]. Acá se incluyen nuevas privatizaciones, junto con grandes avances en reducción de la pobreza y la instalación de un incipiente y focalizado sistema de bienestar. Pero en la medida que la Concertación no toca los fundamentos del modelo neoliberal, sino que los perfecciona, adopta el papel de lo que Poulantzas llamaba la “clase-a-cargo”[9], es decir, aquella que, sin tener el poder, lo ejerce en nombre de los intereses económicos dominantes del Estado, como los oligopolios construidos en torno a los derechos sociales y otras industrias privatizadas que reproducen desigualdad y abuso estructural, pero que la Concertación, en tanto clase-a-cargo, protegió de ser afectados como poder del Estado neoliberal. De esta manera, el propósito original del diseño del Estado neoliberal de desviar la movilización social y evitar la politización del Estado mismo, se alcanza ejemplarmente en este período.

            El hecho de que en 2011 demandas sectoriales de educación superior terminaran provocando una crisis política al gobierno y una crítica estructural del Estado neoliberal, sugiere que la capacidad de este último para fragmentar y despolitizar a la sociedad pierde efectividad. Este efecto se repite cuando Piñera regresa al poder –con la promesa de recuperar las condiciones para el crecimiento económico supuestamente mermadas por las reformas de Bachelet– y una protesta aún más acotada termina nuevamente generalizada en crisis, pero está vez, todavía más fuerte y más amplia que en 2011. No se trata de que los gobiernos de centro-izquierda sean inmunes a crisis de este tipo, pero sin el efecto protector de una clase-a-cargo, como fue el papel de la Concertación, y sin la protección de una dictadura militar, el Gobierno de derecha se encuentra expuesto por sus vínculos con las bases del poder neoliberal, en tanto que la protesta social, al dirigir su crítica al gobierno, produce la crisis de la dominación neoliberal en su conjunto. En consecuencia, los gobiernos de Piñera han ofrecido el contexto para las críticas más profundas que se hayan hecho en contra del Estado, generando, de esta manera, las oportunidades históricas más significativas para su transformación. La crisis del poder neoliberal se desata entonces cuando la inequidad y privilegios, asegurados por el Estado con la privatización de sus servicios y derechos, se expone desprotegida en los gobiernos directamente vinculados con los intereses económicos beneficiados por esas privatizaciones.

Proyecto alternativo vacante

Un rasgo no estudiado del sistema político chileno es, entonces, la tendencia a la ingobernabilidad cuando un gobierno de derecha ha asumido el poder del Estado en su propio nombre. Esta condición está asentada en el origen del Estado neoliberal con las privatizaciones de dictadura, que conducen, paradójicamente, a que sean los gobiernos de derecha los que han posibilitado la mayor politización del Estado ante las demandas sociales. De lo anterior tampoco se puede concluir que un gobierno de derecha no sea posible, o que uno de centro-izquierda en lo sucesivo no pueda ser afectado por las crisis de legitimidad del Estado. En adelante, la gobernabilidad depende del proyecto de transformación del Estado que los actores políticos puedan liderar. En efecto, el Estado es incapaz de compensar indefinidamente por todos los problemas de desigualdad y explotación que rentabilizan la política neoliberal: no podrá subir el sueldo mínimo en nombre de las empresas, ni las pensiones en nombre de las AFP, ni financiar el sistema privado de salud; tampoco la gratuidad-voucher compensará por la educación pública, todo esto sobre la base de impuestos regresivos. El proyecto alternativo, que la protesta general refleja como ausencia, se orienta a la reconstrucción de la función pública en los ámbitos de derecho social actualmente entregados a los servicios y seguros de mercado, lo cual implica abolir el rol subsidiario al que la Constitución circunscribe la acción del Estado, y también replantear la estrategia productiva (modelo de desarrollo) del Estado mismo, considerando que la generación de los recursos para el desarrollo social tampoco provendrá exclusivamente del aseguramiento de condiciones de inversión. En otras palabras, se trata de romper con las bases del poder neoliberal, como condición para la recuperación plena del Estado. Nos parece entonces que tanto la crisis como las salidas de la crisis están situadas en el Estado. Aun cuando está pendiente determinar las circunstancias de la destrucción de estaciones y vagones del Metro, el conflicto que gatilla la protesta general se abre ahí, donde el Estado despliega sus máximas capacidades técnicas. Mientras la controversia se centre en los atributos de la “clase política” y su capacidad de generar vínculos clientelares con infinitos grupos de interés, no habrá solución. El proyecto alternativo es sobre el Estado y no es patrimonio de ningún actor político.


* Académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá. Doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge, magíster en Sociología Política por la London School of Economics and Political Science (LSE), y sociólogo por la Universidad de Chile. Su trabajo se ha enfocado en temas de Estado, educación, profesiones y movimiento estudiantil. Correo electrónico: n.g.fleet@gmail.com.

[1] Nicolas Fleet y César Guzmán-Concha, “Mass Higher Education and the 2011 Student Movement: Material and Ideological Implications”, Bulletin of Latin American Research36 (2) (2017).

[2] Al momento de cerrar la edición (domingo 27 de octubre), con datos del INDH, la represión bajo estado de emergencia deja cinco muertos en manos de agentes del Estado –dentro de un total de 19 muertos–, 1.092 heridos en hospitales (237 con arma de fuego), 3.193 detenciones y 88 acciones judiciales por violaciones de derechos humanos (incluyendo 17 casos por violencia sexual). El lunes 28 de octubre se levanta el estado de emergencia iniciado el sábado 19.

[3] Eduardo Silva, The State and Capital in Chile. Business Elites, Technocrats, and Market Economics (Boulder, CO: Westview Press, 1996).

[4] Los datos de la Comisión Investigadora de Privatizaciones de la Cámara de Diputados muestran que 725 empresas públicas fueron privatizadas entre 1973 y 1990. Ver Cámara de Diputados de Chile, “Informe de la comisión investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990” (Valparaíso: Biblioteca del Congreso Nacional, 2004).

[5] María Olivia Monckeberg, El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile (Santiago: De Bolsillo, 2015).

[6] Implementadas entre 1979 y 1981, las siete modernizaciones neoliberales fueron la reforma y privatización de la educación superior, la privatización de la salud y pensiones, una nueva legislación laboral, la municipalización de la educación escolar, la reforma del poder judicial, la internacionalización de la agricultura y la descentralización y regionalización administrativa. Ver Patricio Silva, “Technocrats and politics in Chile: from the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks”, Journal of Latin American studies 23 (2) (1991).

[7] Jeffrey Puryear, Thinking politics. Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994).

[8] Manuel Antonio Garretón, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los Gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010 (Santiago: ARCIS-CLACSO-PROSPAL, 2013).

[9] Nicos Poulantzas: State, Power, Socialism (Londres: Verso, 2014).

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