Protestas sociales y Constitución: 2019, el inicio de un proceso constituyente

el 31 octubre | en Sin categoría

Pléyade número especial / octubre (2019)

Online ISSN 0719-3696

ISSN 0718-655X /

Protestas sociales y Constitución: 2019, el inicio de un proceso constituyente

Jaime Bassa Mercado*

Universidad de Valparaíso

Las masivas movilizaciones sociales que hemos presenciado en los últimos días representan la crisis terminal de un modelo de organización política, económica y social agotado, cuyas formas jurídicas se encuentran ancladas en la Constitución. Esta movilización se verifica en un momento de profunda crisis de legitimidad del orden constitucional vigente, no sólo porque sus formas jurídicas neutralizan un agenciamiento político transformador, sino porque representan un modelo de sociedad funcional a la acumulación del poder en clave neoliberal.

En este contexto de crisis final del orden constitucional, quisiera proponer que la solución no es un nuevo texto jurídico, sino nuevas formas para el ejercicio del poder político, tanto el que se ejerce a nivel de las instituciones del Estado, como el que se ejerce a nivel de la sociedad y su soberanía popular. En definitiva, nuevas prácticas para el ejercicio autónomo de la soberanía popular, que permitan pensar lo constitucional en clave dinámica, desde un poder que sólo existe en acto[1] y no estáticamente –como si el fenómeno constitucional se agotara en el diseño institucional– abrazando el impacto de las prácticas sociales en la configuración del poder político y no ocultándolas detrás de diseños normativos. Para poder abordar el desafío constituyente que se configura en esta etapa del desarrollo político del país será necesaria la articulación entre las diversas demandas ciudadanas que, de manera explícita o no, confluyen en la necesidad de una nueva Constitución. Muchas de estas reivindicaciones emanan de la radical mercantilización de diversos espacios de la vida –educación, salud, seguridad social, trabajo, medio ambiente– avalada por el soporte ideológico de la Constitución vigente y sus normas de amarre. Es, precisamente, el contenido político de las reivindicaciones sociales y de las distintas movilizaciones que las articulan.

Una nueva Constitución –donde nueva significa una reordenación de las fuerzas políticas– debiera ser la consecuencia del proceso y no su puntapié inicial. Así, la clave radicará en el modo en que los sujetos políticos han comenzado a rearticularse, construyendo nuevas formas para su agenciamiento político y transformando las relaciones de poder a las que estamos sometidos: “nada en la sociedad cambiará si no son transformados también los mecanismos de Poder que funcionan fuera y a lo largo de los aparatos del Estado, al nivel de cada minuto de la vida cotidiana”[2]. La revuelta popular de los últimos días no solo ha obligado al gobierno a recurrir a la fuerza para proteger un orden establecido por la fuerza, sino que ha permitido evidenciar que las diversas formas de organización política de las clases populares han logrado resistir la colonización neoliberal implementada a través del ordenamiento constitucional.

Nueva Constitución

Para comprender qué significaría esta nueva Constitución, parece fundamental considerar la diferencia entre la Constitución política del Estado y la Constitución política del pueblo: podrían cambiar las formas a través de las cuales se ejerce el poder político en las instituciones del Estado, desarticulando aquellos enclaves autoritarios que han neutralizado la potencia transformadora de la soberanía popular; pero eso no tendrá ningún impacto si las relaciones de poder en el seno de la sociedad conservan las estructuras propias de la postdictadura, caracterizadas por la concentración del poder y la postergación de los sujetos subalternos. Una nueva Constitución sólo puede surgir de nuevas prácticas sociales y políticas, prácticas emancipatorias como las que hemos visto en estos días, pues “la práctica política no puede ser concebida como algo que simplemente representa los intereses de unas identidades previamente constituidas; al contrario, se tiene que entender como algo que constituye las propias identidades y que, además, lo hace en un terreno precario y siempre vulnerable”[3].

A este respecto, parece claro que los mismos actores que ya fracasaron en su pretensión constituyente en 2005 no pueden decir nada distinto de lo que ya dijeron. Las formas de representación simbólica de la realidad de la llamada transcisión se encuentran configuradas, ineludiblemente, a partir de las relaciones materiales de poder político y económico que los condicionan en tanto sujetos, en tanto agentes políticos. Su sistemática inclinación por recurrir a la institucionalidad diseñada en dictadura, esperando poder desplegar una potestad constituyente que genere una nueva Constitución (como en 2005), demuestra que sus capacidades de comprensión del contexto normativo e institucional están condicionadas no solo por esa misma institucionalidad, sino por las relaciones de poder a la que ella es funcional. Sólo la incorporación de nuevos agentes políticos, nuevos tipos de sujetos capaces de sostener discursos diferentes de los hegemónicos, que provengan de otros contextos materiales y no solo de los sectores privilegiados, que se rebelen contra el abuso estructural que caracteriza al actual modelo constitucional, podrá dar paso a una forma distinta de representación simbólica –o, podríamos decir, representación constitucional– de la realidad.

Aquí la clave está, efectivamente, en la forma. La forma es el fondo: si no se establece un mecanismo que garantice una efectiva participación de la ciudadanía en la definición de los contenidos de una nueva Constitución (especialmente de los grupos subalternos, que han sido postergados de esta discusión), asegurando una participación igualitaria en condiciones de imparcialidad, el resultado será el mismo de 2005: una norma (eventualmente) mejor técnicamente, quizá con uno o dos enclaves autoritarios menos, pero no será una Carta nueva, ni logrará superar su endémico déficit de legitimidad. La forma de la participación constituyente es el fondo de la cuestión constitucional y, por tanto, el contenido de la nueva Constitución.

La historia constitucional reciente muestra cómo una serie de intentos por democratizar el texto de 1980 han contribuido marginalmente para dicho objetivo, fracasando en el objetivo principal: obtener una Constitución legítima. La única forma de obtener un resultado distinto de la tónica que marcan las últimas tres décadas es otorgándole voz a formas alternativas de representación simbólica de la realidad, es decir, a sectores de la sociedad que han sido sistemáticamente excluidos de un espacio de decisión política que, en principio, corresponde al pueblo (a los sujetos que protagonizan las prácticas cotidianas de poder social) en tanto titular del poder político originario. Lo que parece claro es que sin un acto constitutivo, uno que inicie un proceso propiamente constituyente, no habrá nueva constitución. Muy probablemente, dicho acto requiera de una vivencia de aprendizaje previo, capaz de generar un proceso de reflexión crítica en torno a ese consenso espontáneo que sostiene, a nivel cultural, a la hegemonía vigente y una movilización social que contribuya a la construcción de nuevas identidades políticas. Una movilización como la de 2019. Sin el despliegue de esa magnitud política que emane de un nuevo sujeto del poder constituyente, no habrá nueva Constitución: es tarea del sujeto constituyente organizar y gestionar el tránsito de lo viejo a lo nuevo, consolidando su acto en una Constitución[4]; esta no es tarea del sujeto constituido.

Sin perjuicio de que se trata de categorías abstractas e indeterminadas que nos reconducen a conceptos universales que bien podrían ser catalogados de vacíos, lo cierto es que esta lógica discursiva permite evidenciar cómo este tipo de decisiones han estado residenciadas, por décadas, en estrechos círculos de poder: una clase política cada vez más alejada de la realidad política y social que legitima el ordenamiento jurídico y el sistema político que, en nuestro nombre, administran. Sus formas discursivas determinadas por sus condiciones materiales de vida, su situación de privilegio en una sociedad atravesada por la trampa inmovilizadora de un malentendido consenso, han fracasado en su pretensión constituyente en el pasado y, si se mantienen las lógicas políticas que han imperado hasta el momento, seguirán fracasando en el futuro. De hecho, sus condiciones de legitimidad han empeorado progresivamente en los últimos años, disminuyendo gravemente la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes, lo que solo puede confirmar el fracaso de una vía que ya no puede arrogarse legitimidad para constituir.

Asamblea Constituyente

Desde esta perspectiva, en tanto mecanismo para darnos una nueva Constitución, la asamblea constituyente cumple con ciertos estándares que no se satisfacen por igual en las principales alternativas que se han propuesto: Congreso Nacional, convención constituyente o comisión de expertos. En efecto, la AC permite incorporar en este proceso de decisión política a agentes políticos que no tienen una participación regular en el funcionamiento de las instituciones públicas, que tienen otras concepciones del mundo y ven las relaciones políticas que en él se verifican desde una realidad distinta, precisamente por la posición relativa que tienen en ellas. Este mecanismo posibilita una forma de agenciamiento político que podría traspasar las barreras de la clase gobernante, permitiendo que nuevos sectores del pueblo, de la comunidad política, formen parte de la decisión constituyente. Ese incremento en el nivel de participación, en el estándar democrático del proceso, podría generar una Constitución nueva, en la medida que permite incorporar al proceso constituyente prácticas políticas que reflejen la participación de nuevos agentes y que, como resultado de ello, se tome una decisión política distinta de aquellas que toman, regularmente, los representantes de la soberanía popular, por ejemplo, al legislar. El mandato que recibiría una AC, distinto de aquel que recibe el Congreso Nacional para legislar, provendrá de un pueblo movilizado en la búsqueda de nuevos objetivos que nunca antes en la historia de Chile se han logrado conseguir: incidir en el contenido del marco fundamental de convivencia democrática decidiendo, libremente, sobre su estructura institucional y sobre la configuración de las relaciones de poder de las cuales participa. Sin embargo, la clave está en cómo enfatizar los distintos tipos de prácticas sociales y no, como se ha señalado previamente, en las formas de argumentación, exactamente al revés del diseño propuesto por el actual Gobierno. Son las prácticas y juegos del lenguaje los que consolidan la identificación individual y colectiva con las formas y el valor de la democracia, resultado que no es posible obtener con afirmaciones trascendentalistas[5].

Las actuales relaciones de poder político que se verifican en la sociedad no serán transformadas por quienes se han visto directamente beneficiadas por ellas, sino por quienes las viven desde la opresión. No es posible esperar de estos agentes políticos –que han devenido en privilegiados como consecuencia de las prácticas políticas e institucionales que se han desarrollado desde 1988 a la fecha– una decisión efectivamente transformadora de las actuales relaciones de poder. La única posibilidad para que el actual proceso constituyente sea uno constituyente y no una manifestación más de la vía reformista, depende de que en él participen aquellos sujetos políticos que han estado relegados a posiciones de subalternidad.

No podemos olvidar que la legitimación democrática de todo ordenamiento jurídico emana de un proceso político constitutivo, cuyo contenido se proyecta hacia lo constituido, pero no se agota en él. En este sentido, la asamblea constituyente como mecanismo para la elaboración de una nueva Constitución es el único mecanismo que permitiría garantizar su legitimidad, en la medida en que pueda representar simbólicamente aquel hito de deliberación política radical necesario para que la comunidad política se constituya a sí misma como tal y, de paso, reconozca como propio al ordenamiento que emana del proceso. Esa necesidad emana no solo de la crisis de legitimidad que arrastra el actual ordenamiento constitucional chileno, sino del agotamiento de la vía reformista para hacerle frente. En otras palabras, es necesario desbordar el pensamiento sobre el poder constituyente, ir más allá de la concepción del poder que reduce la soberanía a un acto de decidir sobre sí mismo y complementarlo con una comprensión del poder como dominación, “captar el poder por el lado del extremo cada vez menos jurídico de su ejercicio”[6], precisamente ahí donde los derechos sociales son constitutivos de determinado tipo de relaciones sociales, ocultas tras las categorías jurídicas abstractas, donde se hacen efectivas la prácticas de dominación de un grupo por sobre los otros, especialmente en condiciones tan neoliberalizadas para el ejercicio de estos derechos[7].

Todo momento constituyente pone fin a un orden determinado, en una serie de dimensiones eventualmente simultáneas: desde luego jurídica, pero también económica, social e, incluso, cultural. Una decisión efectivamente constituyente no solo da paso a un nuevo orden jurídico, sino también político y cultural. Un poder constituyente emancipatorio supone iniciar una reforma cultural también desde la autogestión y desde fuera del aparato estatal, que permita configurar nuevas formas de organización política; iniciar un período de “doble poder” que desencadene lo que Gramsci llama una crisis orgánica en las actuales formas de dominación hegemónicas[8]. En otras palabras, un momento constituyente exitoso constituye –podríamos decir, principalmente– a la comunidad política, a partir de nuevas formas para su agenciamiento político y no solo en relación a sus formas jurídicas externas.

Por ello, la concepción de la constitución como la forma jurídica del poder sigue respondiendo a una aproximación parcial, precisamente porque deja fuera la dimensión constitutiva de las relaciones de poder en la propia sociedad y de las formas de agenciamiento político –no institucional– del poder soberano del/los pueblo(s), ese que se verifica en sus prácticas políticas. La legitimidad del derecho se explica desde esta doble dimensión: el momento constituyente da paso a un ordenamiento jurídico que el pueblo soberano está dispuesto a obedecer porque i. lo reconoce como el resultado de una decisión política propia y, ii. a través de esa decisión le da sentido e identidad a la comunidad misma. Es esta, precisamente, una de las principales carencias del actual ordenamiento constitucional chileno, pues está diseñado no solo para neutralizar la institucionalidad política, obstaculizando una efectiva representación política del titular de la soberanía, sino también para desarticular al/los pueblo(s) como agente político.

Poder, soberanía y Constitución

Sin embargo, es importante hacer una advertencia: comprender el poder desde su extremo menos jurídico, es decir, allí donde se verifican las prácticas sociales, supone revisar una de las dimensiones más características de la hegemonía del Estado y del derecho: el paradigma soberanista. Hemos dicho ya que una nueva Constitución significa una reconfiguración de las relaciones de poder en la sociedad, sostenidas por nuevos discursos y prácticas de saber, lo que sólo será posible en la medida que los grupos subalternos logren subvertir el sentido de los dispositivos estatales de control, desde sus propios aparatos de formación y acumulación de saber y desde sus propias prácticas. Eso también requiere de formas institucionales que habiliten, ex novo, esa decisión, así como de una teoría de lo constitucional que sea funcional a dicha habilitación, es decir, que contribuya a la comprensión del poder/saber ya no en clave de soberanía, sino de dominación, que se dirija a estudiar y teorizar sobre las funciones de los operadores materiales y su funcionalidad para la consolidación del orden hegemónico, así como las formas de sometimiento y los distintos sistemas sociales a través de los que opera[9]. En definitiva, estudiar los dispositivos de saber que hacen posible la dominación, “la fabricación de los sujetos más que la génesis del soberano: ese es el tema central”[10].

El desafío es aceptar que lo político se juega dentro de los bordes de lo social y no fuera de ellos, por lo que su configuración debe ser determinada desde la construcción de lo social[11]. La formulación de estructuras políticas y jurídicas emancipatorias solo puede verificarse desde la potencia creadora de la sociedad, no de sus grupos privilegiados que aprovechan la crisis de las instituciones constitucionales para garantizar la protección del statu quo. Construir desde las prácticas sociales[12] supone discutir la forma primero y entregar a ese mecanismo la decisión relativa a los contenidos, sin condicionar el ejercicio de la voluntad soberana del/los pueblo(s) con preconcepciones que emanan de las actuales posiciones de privilegio.

En otras palabras, dado que la Constitución es una de las manifestaciones normativas más significativas del poder (político, pero también económico, social y cultural) de una sociedad, su configuración por una comunidad política (teóricamente) titular de ese poder pero (materialmente) sometida al mismo, debiera dar paso a una configuración donde pueda hacerse efectiva una distribución social del poder político, especialmente cuando su acumulación resulta hoy evidente (es por esta razón que la crisis actual de la política no es respecto a la representación democrática, sino a cómo las actuales prácticas de representación han sido cooptadas por cúpulas dirigenciales que las han manipulado para la acumulación de poder político en su favor). Esa nueva configuración en las relaciones de poder solo podrá ser efectiva si la decisión constituyente acoge las formas sociales de participación que caracterizan a las clases subalternas, las mismas que hasta ahora han sido marginadas por la implementación de la vía reformista.

En efecto, no habrá nueva Constitución mientras se siga forzando el uso de las formas constitucionales vigentes, pues éstas responden, precisamente, a la relación de fuerzas que es necesario superar. Una Constitución no es, por cierto, un más o menos complejo armazón jurídico; es, antes que todo, una relación de fuerzas que no puede restablecerse desde la nada: “para llegar al momento constituyente que se trata de recuperar, es preciso hacerlo mediante el reconocimiento y el restablecimiento de una relación de fuerza fundamental. Se trata de introducir una constitución que sea accesible no por el restablecimiento de viejas leyes sino por algo que sea una revolución de las fuerzas, revolución en el sentido, precisamente, de que se trata de pasar de la noche a la aurora, del punto más bajo al punto más alto”[13].

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* Profesor titular de derecho constitucional e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad (Cei-Tesys), Universidad de Valparaíso. Doctor en Derecho. Correo electrónico: jaime.bassa@uv.cl.

[1] Michel Foucault, Hay que defender la sociedad (Madrid: Akal, 2012), 23.

[2] Albert Noguera, Utopía y poder constituyente. Los ciudadanos ante los tres monismos del Estado neoliberal (Madrid: Sequitur, 2012), 174.

[3] Chantal Mouffe, La paradoja democrática (Barcelona: Gedisa, 2003), 113.

[4] Albert Noguera, El sujeto constituyente. Entre lo nuevo y lo viejo (Madrid: Trotta, 2017), 28.

[5] Mouffe, La paradoja democrática, 84 ss.

[6] Foucault, Hay que defender la sociedad, 33.

[7] Carlos Ruiz, De nuevo la sociedad (Santiago: Lom ediciones, 2015).

[8] Noguera, Utopía y poder constituyente, 175-78.

[9] Foucault, Hay que defender la sociedad, 38.

[10] Foucault, Hay que defender la sociedad, 45.

[11] Antoni Negri, El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad (Madrid: Traficantes de Sueños, 2015), 389.

[12] Mouffe, La paradoja democrática, 84.

[13] Foucault, Hay que defender la sociedad, 166.

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