Topografía del conflicto: la ciudad y la furia

el 31 octubre | en Sin categoría

Pléyade número especial / octubre (2019)

online issn 0719-3696

ISSN 0718-655X

Topografía del conflicto: la ciudad y la furia

Fernando Muñoz León*

Universidad Austral de Chile

 

La disputa constituyente por el espacio social

El estallido social que alcanzó su punto de ebullición el día 18 de octubre de 2019 debe ser puesto en su doble dimensión espacial y pasional, permitiéndonos entenderlo como un caso de disputa por el espacio social con claro potencial constituyente. En este breve ensayo examinaré el significado teórico de esta afirmación, revisaré brevemente ciertos hitos históricos que dan cuenta de la genealogía de la disputa por el espacio social en el territorio chileno, reflexionaré sobre las paradojas de la custodia vecinal y laboral del espacio mercantil bajo el estado social de excepción, y concluiré expresando la necesidad de superar la furia descargada en las ciudades chilenas mediante la institución de una nueva Constitución situada en un espacio social de nuevo tipo.

Desde la doble perspectiva espacial y pasional, el estallido social en cuestión se nos muestra como una erupción de hastío colectivo ante múltiples formas de despojo por apropiación privada del espacio social que se expresó mediante la protesta y sus formas características de disrupción agresiva de la normalidad social, la que para estos efectos debe ser entendida como la normalidad específicamente urbana. Entre el despojo y el hastío se abre lugar para disputas por el espacio social que enfrentan a grupos sociales y categorías de individuos por el control del acceso al espacio urbano existente en toda la diferenciación que le es inmanente; el contenido de esta disputa incluye definiciones sobre materias tales como quién habita sus zonas de mayor comodidad, quiénes son desplazados y relocalizados a los márgenes según las necesidades del momento, cuáles son los costos y las condiciones para desplazarse por la ciudad y acceder a sus lugares más importantes y, en definitiva, quién gobierna desde qué espacios vedados al resto. La velocidad de estas disputas es variable, pudiendo cocinarse lentamente al calor de procesos de larga duración o bien, como nos ha quedado claro recientemente, inflamarse rápidamente como un material combustible expuesto a una pequeña e imprevisible chispa.

Aunque llevamos varios años de un ciclo de movilización y protesta que ha interrumpido con tal frecuencia los ritmos de la vida urbana que casi ha llegado a ser incluido dentro de su normalidad y de esa manera neutralizado políticamente –como ocurre en numerosos lugares de la educación secundaria y superior–, la intensidad del reciente evento de furia colectiva fue tal que logró producir una disolución de mayor magnitud de la normalidad, un verdadero estado social de excepción. Y si bien este estado social de excepción hizo posible la realización de acciones directamente violentas como el saqueo e incendio de instalaciones y establecimientos que afectaron principalmente a espacios céntricos de confluencia pública y sectores de la periferia urbana, dejando por lo general a salvo los sectores residenciales de las clases medio altas y altas, su intensidad también le ha permitido ser el primer golpe histórico de fuerza social verdaderamente capaz de sacudir en su inercia y su normalidad a la constitución económico-política neoliberal vigente, revelando un potencial constituyente que podría terminar autoinstituyéndose como poder constituyente.

Es innegable que la constitución económico-política neoliberal y la mercantilización extrema –y en ocasiones abusiva o fraudulenta– de los espacios de reproducción de la vida como la educación, la alimentación, la vivienda, las prestaciones de salud y la seguridad social constituyen la morfología del conjunto de experiencias que generaron la politización de la furia a través de la protesta y que, a su vez, hizo posible la furia despolitizada que destruyó mobiliario urbano y saqueó propiedad privada. No debiera pensarse por ello, sin embargo, que se trata de un problema exclusivo de la fase histórica neoliberal en la que vivimos; en última instancia, los problemas espaciales que están detrás de estas jornadas de indignación colectiva son consustanciales a la vida humana políticamente organizada. El acto primitivo que establece el derecho, sostuvo Carl Schmitt, es precisamente la toma o apropiación de la tierra, momento que no solamente supone una primera ordenación histórica de la propiedad y su ejercicio, sino que también establece un enfrentamiento con otros grupos que podrían querer ocupar la misma tierra[1]. La distribución y uso del espacio, en otros términos, establece diferenciaciones que delimitan a amigos de enemigos y que dentro de las fronteras de la comunidad política permiten fundar una autoridad, un “poder común que los atemorice a todos” como dijera Hobbes[2], orientado a proteger el orden interno proveniente de la división de la propiedad y su correlato procesual, la división del trabajo, contra sus enemigos internos potenciales, reales e imaginados. A su vez, como observó Immanuel Wallerstein en el nivel de la economía-mundo, la división de la propiedad y del trabajo funda jerarquías de tareas ocupacionales en las cuales las tareas que requieren mayores niveles de cualificación y una mayor capitalización quedan reservadas para las áreas de mayor rango[3]. En el seno de una sociedad determinada, sostuvo Henri Lefebvre, el espacio dominante, el de los centros de riqueza y de poder, se esfuerza en moldear los espacios dominados, los de las periferias, de modo tal que, en la práctica espacial, “la reproducción de las relaciones sociales predomina”[4].

 

Genealogía de la disputa por el espacio social: umbrales históricos del hastío

De ser ciertas estas afirmaciones, resultaría que la disputa por el espacio social tiene antecedentes que se remontan tan atrás como nos permita llegar el registro histórico. El despojo mediante la apropiación del espacio social, en efecto, no es un invento neoliberal; en cada período histórico se verifican fenómenos similares, situación a la que Maquiavelo hizo referencia cuando afirmó que “en toda república hay dos humores”, es decir dos sistemas de pasiones, “el de los nobles (i Grandi) y el del pueblo”[5]. En el caso chileno, la dinámica histórica ha ido reservando en cada período histórico el papel de i Grandi a diversas élites económico-políticas, y ha mantenido en una condición subalterna al grueso de una población marcada por su racialización a través de las categorías de “indio” y de “mestizo”. No es de extrañar, entonces, que la reacción contra las “antinomias cívicas”, en palabras de Gabriel Salazar, que han plagado los modelos económico-políticos de organización consagrados constitucionalmente, ha debido gestarse “todo el tiempo, desde fuera del sistema, desde fuera de la ley y como una manifestación que emana directamente del mundo social”[6].

Durante el período republicano, y particularmente durante el ciclo secular de movilización social que terminó dando origen al Estado de compromiso y lo tensionó hasta sus máximas posibilidades, los conflictos por el espacio social han llevado a umbrales de hastío que han descargado con irregular pero infaltable frecuencia su furia en la ciudad, particularmente en la capital. Así ocurrió con la “revolución de la chaucha” que en 1949 llevó a estudiantes, obreros y empleados y la masa urbana en general a protestar violentamente contra las alzas en el costo de la vida y, específicamente, del transporte, que tuvieron lugar durante la presidencia de Gabriel González Videla[7]. Así también ocurrió con la “huelga de los tranvías” que en 1888 llevó a masas de obreros y de jóvenes del bajo pueblo a desencadenar su furia en el centro de Santiago tras el alza en el precio de este medio de locomoción[8].

Sin embargo, como bien apunta Salazar, dichas expresiones de hastío anteceden a la invención de la nación chilena durante el proceso independentista del siglo XIX para encontrar sus antecedentes en la rebeldía de las tribus reche-mapuche y de la emergente masa poblacional mestiza durante el periodo colonial. En el caso de la capital, esta problemática se cristalizó, hasta donde lo recuerda el registro histórico, en la “fundación” de la ciudad de Santiago, momento en que tribus de habitantes del valle del Mapocho, hasta ese momento una sede administrativa y religiosa inca[9], fueron desplazados desde el sector del cerro Huelén hacia el actual pueblo de Pomaire para pasar a ser transformados en “indios” y, mediante este acto, en fuerza de trabajo “encomendada” a un conquistador, un “benemérito de indias”. El sufrimiento del trabajo forzado prontamente desencadenó la furia indígena, manifestada en el ataque que destruyó las precarias edificaciones de la ciudad y quemó sus tempranos archivos el 11 de septiembre de 1541. La continuación de la guerra de conquista durante las siguientes décadas produjo otro estallido de furia que llevó en 1598 a la muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola en Curalaba y la destrucción de las siete ciudades españolas ubicadas al sur del Biobío. Este evento movió a la élite colonial a reclamar de parte de la corona la legalización de la esclavitud indígena como una medida de sobrevivencia del proyecto colonial en nuestro territorio. El Tratado de la utilidad que ay en dar por esclavos a los indios rebelados de Chile, escrito ese mismo año por el inquisidor Melchor Calderón y leído ante el Teniente Gobernador, el cabildo eclesiástico “y superiores de todas las religiones y religiosos doctos” y “todas las personas seglares e antiguas, versadas en la guerra” por el jesuita Luis de Valdivia en la Catedral de Santiago[10], jugó un papel importante en lograr la aprobación de la Real Cédula de 1608 que autorizó a esclavizar en Chile a los “indios de guerra”, es decir, a aquellos indígenas que estuvieran activamente alzados en armas contra la autoridad colonial. La esclavitud indígena es, por así decirlo, la “excepcionalidad constitucional” chilena del período colonial.

Otros estallidos de furia a lo largo del tiempo siguieron a nuevos ciclos de despojo espacial de las clases mestizas y populares mediante su expulsión a espacios de la ciudad cada vez más opresivos. Este fue el caso de la sublevación en 1758 de los presos de la cárcel pública, a los que se sumaron los pobres de la ciudad, quienes desataron su furia destructora sobre la capital en ausencia del ejército real y del Gobernador. Este evento no condujo a una recomposición del tejido social sino al endurecimiento de los aparatos de represión social mediante la creación de la Compañía de Dragones de la Reina Luisa, el primer cuerpo armado de vigilancia urbana de la ciudad de Santiago. El cabildo de Santiago afirmó en aquella ocasión que “desde que comenzó esta capital y demás provincias de su distrito a aumentarse de gente con increíble aceleración comenzaron también como es regular a multiplicarse los delitos y delincuentes”[11]. La violencia popular, afirmó esta institución de representación colonial, “consternó sobre manera a esta capital pues, aunque vio ejecutar un pronto y severo castigo en los autores del tumulto, al mismo tiempo conoce en la reiteración de crímenes la falta de escarmiento”, creando en las élites el temor de que “en una de estas ocasiones prenda tal vez un fuego que no pueda apagarse, porque en una ciudad tan populosa, y en un Reino tan vasto, en que comparada la nobleza y gente de distinción con la gente vil, y de diferentes razas, viene á ser aquella como un puñado de hombres respecto de estas”[12]. La visión de las élites de los marginales rebelados como una “invasión” de los “otros” antecede con mucho a los mensajes telefónicos de la Primera Dama Cecilia Morel.

 

La custodia vecinal y laboral del espacio mercantil bajo el estado social de excepción

Reinhardt Koselleck afirmó que tiene sentido decir que la experiencia procedente del pasado es espacial[13]; en las experiencias de despojo en el espacio social que han conducido a las masas urbanas al hastío colectivo, esta afirmación cobra su sentido más claro. El conjunto de pasiones que entrecruzan este proceso, que van de las experiencias iniciales de humillación ante condiciones de vida abusivas impuestas por el peculiar modo neoliberal de producción, distribución y consumo que prevalece en Chile, a la momentánea sensación empoderante de que el hastío es tal que ya no importan las consecuencias negativas de la protesta, para incluir también el miedo de algunos ante la violencia en un contexto de excepción no sólo constitucional sino también social, evidencian que el nivel en que se desenvuelve esta historia es el del espacio social en toda su compleja configuración conceptual y producción política. La furia que se desató sobre la ciudad nos recuerda el sustrato biológico de todo proceso social cuyos microfundamentos se encuentran en vivencias y experiencias, así como en sentimientos y pasiones, que en este caso se asocian a la humillación por el trabajo no reconocido ni adecuadamente compensado, el miedo a la incertidumbre en la capacidad autónoma de poder alimentar las necesidades de la reproducción social del núcleo familiar mediante el trabajo propio, el cansancio de quien se desplaza por la ciudad no sólo para servir a otros sino también en muchos casos para abastecerse de medicamentos, vestimentas y otros objetos que no se encuentran a su disposición en la cercanía de su vecindario.

El estado social de excepción creado por el estallido de furia en las ciudades chilenas ha cambiado, sin embargo, el escenario, al menos pasajeramente. De ahí que haya ocurrido una situación paradojal en que diversos sujetos han debido hacerse cargo por sí mismos en un contexto anómico de custodiar espacios que a menudo les siguen siendo ajenos. Este parece ser el caso de aquellos vecinos que han debido organizarse para defender, ante amenazas reales o supuestas, barrios cuya ubicación en la periferia urbana en ocasiones reflejan más bien las limitaciones de sus ingresos y de su posición en la jerarquía ocupacional que la realización de una decisión personal sobre el lugar de vida. Esta paradoja aparece con mayor claridad en el caso de consumidores defendiendo establecimientos de comercio al detalle donde sistemáticamente los han estafado en las últimas décadas con productos adulterados. Así también parece paradojal que en una época de precarización del empleo y de privación de voz a los trabajadores en el seno de sus lugares de trabajo, muchos de ellos hayan asumido la defensa de estos espacios contra ataques de saqueadores e incendiarios.

Ciertamente, el carácter paradojal de estos actos desaparece cuando observamos que incluso los barrios más periféricos y menos confortables son para sus habitantes los lugares donde conviven con sus familias, guardan sus pertenencias y acumulan sus experiencias privadas; y que sin los pocos establecimientos de comercio que se sitúan en su cercanía, los vecinos de la periferia tendrían más dificultades para acceder al abastecimiento de alimentos y otros bienes imprescindibles de consumo, así como que el sustento de la vida de los trabajadores proviene del continuo funcionamiento de sus espacios de trabajo y, en ocasiones, de explotación. El desarrollo económico moderno desplaza a la población desde entornos artesanales y rurales, donde puede alimentarse y vestirse integrando la producción directa con el intercambio y el comercio a pequeña escala, hacia nichos ocupacionales especializados situados en entornos urbanizados donde el acceso a bienes y servicios se logra mediante mercados de consumo que le exigen a los potenciales consumidores previamente obtener dinero ofertando sus propios servicios personales en mercados de trabajo. En la ciudad, los espacios mercantiles son lugares de ciudadanía, lo que deja a la ciudadanía, precisamente, a merced del mercado.

Conclusión: una nueva constitución para un nuevo espacio social

La confluencia de los movilizados en las principales plazas y avenidas de cada ciudad grande, mediana o pequeña, nos recuerda que la protesta consiste en un ejercicio teatral de puesta en escena de la disputa por el control de la ciudad y sus signos, así como también que quienes ocupan ese espacio son cuerpos que habitualmente mantienen viva a la ciudad a través de su labor y su ocio, de sus quehaceres y de su consumo. Como bien lo percibió Sieyès, el reclamo político del pueblo, “hombre fuerte y robusto que tiene todavía un brazo encadenado”, se sustenta en última instancia en que, mediante la ejecución de sus labores, los más mantienen activas las pulsiones vitales del cuerpo político[14]. La expresión de las pasiones de este sujeto colectivo siempre ha tenido un potencial constituyente. La “primera causa de la libertad de Roma”, sostuvo Maquiavelo, fueron los “buenos ejemplos” causados por los “tumultos y desórdenes” con que la plebe reaccionó contra los patricios; las “buenas leyes”, que son aquellas que van “en beneficio de la pública libertad”, fueron producidas por “aquellos desórdenes que muchos inconsideradamente condenan”. Reivindicando el potencial constituyente de la furia plebeya que amenaza la ciudad, afirmó:

Y si alguno dijera que eran procedimientos extraordinarios y casi feroces los de gritar el pueblo contra el Senado, y el Senado contra el pueblo, correr el pueblo tumultuosamente por las calles, cerrar las tiendas, partir toda la plebe de Roma, cosas que sólo espantan a quien las lee, diré que en cada ciudad debe haber manera de que el pueblo manifieste sus aspiraciones, y especialmente en aquellas donde para las cosas importantes se valen de él. Roma tenía la de que, cuando el pueblo deseaba obtener una ley, o hacía alguna de las cosas dichas, o se negaba a dar hombres para la guerra; de manera que, para aplacarle, era preciso satisfacer, al menos en parte, su deseo[15].

¿Significa esto que el estallido social conducirá a la instauración de una nueva Constitución? No necesariamente. Fernando Atria ha empleado la imagen de sucesivos cerrojos o candados que custodian el modelo neoliberal: los enclaves autoritarios y el sistema binominal pudieron ser desactivados, pero detrás de ellos permanece la Constitución como entramado institucional que neutraliza la política y desactiva las iniciativas que redistribuyen el poder político y el bienestar material[16]. La Constitución, sin embargo, puede terminar siendo un nuevo hito en el camino que nos distraiga de la solución real al problema de fondo. En este caso, si creemos que la Constitución es un texto elaborado por los poderes colegisladores, esta noción podría terminar siendo un nuevo cerrojo en la medida en que creamos que un paquete de reformas legislativas que entreguen más subsidios y rebajen los sueldos de parlamentarios satisface las demandas sociales. Esta habría sido la revolución de la solidaridad con los pobres y la austeridad en la labor pública; y ese paquete legislativo, su texto constitucional. Así lo entendería Bruce Ackerman, quien ha insistido en que no solamente un texto que lleva el nombre de constitución sino también un paquete legislativo o una sentencia judicial pueden cumplir la función de codificar la razón de ser de un “momento constituyente” de “alta política”, es decir, de movilización social y deliberación política sobre las instituciones fundamentales que organizan la vida colectiva[17]. El “Acuerdo Social” del Presidente Sebastián Piñera puede, en ese sentido, terminar transformándose –en esta época pospolítica en que lo excepcional es lograr que las instituciones políticas puedan producir decisiones–, en la única nueva constitución políticamente viable hoy en día.

Como ha afirmado Gabriel Salazar, generaciones de ajustes y reformas parciales a los textos constitucionales chilenos no han descentralizado al país, no han integrado a toda la sociedad en torno a un proyecto nacional de desarrollo, ni han permitido la reconstrucción de comunidades locales o regionales autorizadas a invertir las riquezas que generan, entre otras deficiencias de nuestra constitución material[18]. La reversión del alza del metro en Santiago, el incremento de las pensiones o la rebaja en el costo de los medicamentos será un importante alivio para la vida de las masas urbanas, pero no va a solucionar los problemas de falta de agua en Petorca ni tampoco la concentración de la oferta urbana, desde los lugares de trabajo a los servicios públicos en lugares lejanos para las clases populares. Los anuncios del Presidente Piñera, su positividad, ocultan todo aquello que no se va modificar, su negatividad. Para superar el hastío no basta con un nuevo acuerdo social de carácter legislativo. Es necesaria una nueva Constitución que conduzca a la creación de un nuevo tipo de espacio urbano y su articulación con una nueva ordenación económico-política del territorio nacional.


* Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de Yale. Autor de Hegemonía y Nueva Constitución. Dominación, subalternidad y proceso constituyente (Valdivia 2016, Ediciones Universidad Austral de Chile), “La unicameralidad del Congreso Nacional como reparación de la asimetría institucional a favor del statu quo”, Revista Chilena de Derecho Parlamentario 4 (2016), y “El uso de gases lacrimógenos en Chile: normativa internacional y nacional vigente y jurisprudencia reciente”, Estudios constitucionales 14 (2016). El presente trabajo forma parte del Proyecto Fondecyt Regular Nº 1180895, “Discriminación y trabajo”, del que el autor es investigador responsable. Correo electrónico: fernando.munoz@uach.cl.

[1] Carl Schmitt, El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del “Ius publicum europaeum” (Granada: Editorial Comares, 2002), 6-7.

[2] Thomas Hobbes, Leviatán: o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005), 102.

[3] Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial: I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI (Madrid: Siglo XXI, 2010), 493.

[4] Henri Lefebvre, La Producción Del Espacio (Madrid: Capitán Swing, 2013), 108.

[5] Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (Gredos, 2011), 268.

[6] Gabriel Salazar, Movimientos sociales en Chile: Trayectoria histórica y proyección política (Santiago: Uqbar, 2012), 115.

[7] Daniel Palma, “La ‘Revolución de La Chaucha’: Santiago de Chile, 16 y 17 de Agosto de 1949”, Alternativa. Revista Trimestral Del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 23 (2005): 49–62.

[8] Sergio Grez, “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”, Cyber Humanitatis 41 (2007).

[9] Rubén Stehberg y Gonzalo Sotomayor, “Mapocho incaico”, Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 61 (2012): 85–149.

[10] Melchor Calderón, Tratado de la utilidad que hay en dar por esclavos a los indios (Madrid, 1607).

[11] Citado por Leonardo León, Plebeyos y patricios en Chile colonial, 1750-1772: la gesta innoble (Santiago: Editorial Universitaria, 2015), 28.

[12] Citado por León, Plebeyos y patricios en Chile colonial, 1750-1772.

[13] Reinhart Koselleck, Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 1993), 338.

[14] Emmanuel Sieyès, ¿Qué es el Tercer Estado?: precedido de Ensayo sobre los privilegios (Madrid: Alianza Editorial, 2003), 90.

[15] Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 388.

[16] Fernando Atria, La constitución tramposa (Santiago: Lom Ediciones, 2013).

[17] Bruce A. Ackerman, We the People, Volume 1: Foundations (Harvard University Press, 1993).

[18] Salazar, Movimientos sociales en Chile, 114.

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