Una revolución necesaria pero incompleta si nos olvidamos de la cárcel y de quienes sufren sus consecuencias

el 24 enero | en Sin categoría

Pléyade número especial / Enero (2020)

online issn 0719-3696

ISSN 0718-655X

Una revolución necesaria pero incompleta si nos olvidamos de la cárcel y de quienes sufren sus consecuencias

Amalia Valdés R. *

Sthefania Walser B.**

Agustín Walker M. ***

Litigación Estructural para América del Sur – Leasur

En el siguiente texto presentaremos una lectura que, como ONG Leasur, estimamos que puede aportar a la comprensión de la actual manifestación social en Chile, desde una mirada enfocada en un contexto particularmente vulnerable, violento e injusto: la cárcel. Daremos cuenta del quehacer Leasur en los últimos años para aportar en la lucha contra las desigualdades y abusos existentes en el mundo carcelario, y qué respuestas principales se proponen para transformar el sistema penitenciario. Todo esto, desde la humildad de una organización civil en la que 60 voluntarios/as trabajan por el respeto, la promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad, buscando promover el uso mínimo de la cárcel y generar cambios estructurales en el sistema penitenciario desde una perspectiva crítica y de género.

El olvido del pueblo como sujeto de derechos

Somos personas olvidadas. La salud, la alimentación y los derechos humanos no nos pertenecen. No todos somos malas personas, muchos hemos pagado por el error que cometimos y aun así somos tratados indignamente. Hemos sido olvidados por las autoridades. Vivimos sin la posibilidad de reinsertarnos socialmente: solo recibimos represión y malos tratos.

Persona con 20 meses privada de libertad

A nuestro modo de ver, además de las evidentes desigualdades, abusos, injusticias y precarización de la vida en que nos vemos obligados/as a vivir, uno de los principales motivos que gatillaron las movilizaciones es el olvido hacia el pueblo y sus derechos.

            Durante al menos 30 años, Chile ha esperado que se concreten las promesas de mejor educación, salud, trabajo, pensiones. Asimismo, se ha esperado y exigido una mayor igualdad en términos de género, de clase o etnia, así como de acceso a servicios sociales básicos en todos los territorios, y de condiciones materiales dignas. Hemos sido pacientes con el cumplimiento de promesas de una profundización de una real democracia y de un Estado garante de derechos y de justicia. Toda esta indignación no sólo se refiere a lo que ocurre en las calles. La falta de garantías sociales y de respeto a los derechos básicos ocurren día a día en nuestras cárceles, donde la población penal cotidianamente experimenta violencia, humillaciones, agresiones sexuales y tortura. En este sentido, las injusticias que se pelean en todo Chile se expresan de manera exacerbada en la vida de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad.

Por ejemplo, uno de los temas que mueven estas manifestaciones son las precarias condiciones laborales. A este respecto, se debe señalar que en las cárceles no rige el Código del Trabajo, no hay derecho de sindicalización, y el trabajo pagado es más bien un privilegio de muy pocos: únicamente un 33,8% accede a un trabajo para Gendarmería o bien para una empresa. Y entre quienes no han logrado obtener algún tipo de trabajo, la mayoría señala que no se les da la opción[1]. Asimismo, la ciudadanía actualmente exige el derecho a vivienda digna. Sobre este punto, las condiciones carcelarias actuales obligan a los presos a vivir un encierro extremo e insalubre, con falta de acceso a agua potable en varios recintos, expuestos a temperaturas extremas, pestes, hasta 16 horas de encierro en sus celdas y sin alimentos[2].

Aún más, si parte del descontento actual se vincula a la “neoliberalización” de la entrega de servicios básicos, las cárceles concesionadas son la encarnación de aquello en el sistema penitenciario, mostrando pobres indicadores en cuanto a acceso a servicios de salud, educación, y programas de reinserción en general, así como a una cuestionable relación de internos/funcionarios[3]. A esto se agrega que las cárceles concesionadas no presentan mejores tasas de reincidencia que las cárceles tradicionales[4].

En cuanto a salud, el acceso es limitado y poco especializado, perjudicial para una población que vive cotidianamente en condiciones de violencia física, psicológica y sexual al interior de los penales, en dinámicas originadas tanto por Gendarmería como por los mismos internos. Para peor, se ha evidenciado una alta desigualdad territorial en la ejecución de penas en nuestro país, pues estas situaciones varían fuertemente según prisión y región[5]. Estas condiciones ponen en evidencia que la cárcel vulnera y violenta: es un espacio de excesivas injusticias y desigualdades, un lugar de negación del derecho, de indefensión, de naturalización del horror y de ejercicio sistemático de la tortura. En palabras de la socióloga María Emilia Tijoux, se trata básicamente de “una forma de administrar la pobreza que a pesar de sus “ilegalismos” permanece en el tiempo”[6].

En relación con lo anterior, hoy en día se observa más claramente que nunca, cómo la institucionalidad política utiliza el sistema punitivo como una estrategia ante su incapacidad de atender demandas sociales del país: castiga con cárcel y represión a quienes prefiere marginar u olvidar. Todo esto culmina en un uso irracional e irresponsable de la cárcel, como se expresa en la siguiente cita de la propia Tijoux:

Se instala en Chile la máxima de “la seguridad ciudadana como tarea de todos” incorporada en el sentido común haciendo surgir a la delincuencia como una prioridad, antes que demandas sociales como el empleo, la salud o la educación. Pero hay que saber que la producción de estos discursos no surge espontáneamente, pues se inscribe en discursos y tesis norteamericanas movidos por una ideología económica y social basada en el individualismo y traducida en lo jurídico que termina por conformar un eficiente dispositivo de marketing ideológico de impacto mundial que criminaliza a la pobreza[7].

La cárcel ha sido históricamente una herramienta política del Estado que refleja especialmente el fracaso del sistema, olvidando y perpetuando condiciones de marginalidad. Creemos que esa segregación es una causante central del malestar actual, y que, por tanto, las personas privadas de libertad son el paradigma de la exclusión y abandono más brutal en Chile.

¿Quiénes son los/as más olvidados/as en sus derechos? Las personas privadas de libertad y sus familias

Chile presenta una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina (41.670 personas, una tasa de 299 presos cada 100.000 habitantes) y una sobreocupación existente en la mayoría de los recintos penitenciarios[8]. Dentro del total de la población penal, un tercio (32%) se encuentra en calidad de imputados/as, cifra que ha aumentado en 6 puntos porcentuales entre 2014-2018[9]. La forma en que el Estado chileno aborda este fenómeno social es mediante la absoluta indiferencia e invisibilización.

Como Leasur ONG observamos que la mayoría de las personas privadas de libertad vienen de sectores empobrecidos, y en consecuencia recibieron desde su niñez un tratamiento discriminador y segregador, sin acceso a un desarrollo cultural sustentable, sin calidad de vida en habitabilidad, sin acceso a educación ni salud de calidad y gratuitas, y que cargan diariamente con el peso del juicio social y la violencia institucional invisibilizada. Para describir grupos como éstos, conceptos como el de interseccionalidad nos dan luces de su extensa y múltiple vulnerabilidad[10]. Puesto en términos simples, la interseccionalidad es expresión de un conjunto de condiciones sociales, biológicas o culturales que se solapan en distintos tipos de dominación u opresión (género, etnia, raza, clase, migración, discapacidad, edad, salud y otros.), y que de manera inseparable dan cuenta del modo en que las historias de estas personas son marcadamente desaventajadas frente a las de otras dentro de la misma sociedad. La perspectiva interseccional permite analizar la privación de libertad y la cárcel como un “depósito” o basural social. Como señala Angela Davis,

(…) la prisión funciona por lo tanto ideológicamente como un lugar abstracto en el que los indeseables son depositados, liberándonos de la responsabilidad de pensar acerca de los reales problemas que afligen esas comunidades de donde los prisioneros son arrojados en tan desproporcionadas cantidades[11].

En Chile, el nivel educativo y de pobreza de la población privada de libertad tiende a situarse por debajo de la media nacional general. De acuerdo con la Fundación Paz Ciudadana, el 87% no contaba con escolaridad completa al ingresar a la cárcel y un 65% abandonó el hogar antes de los 18 años[12]. Asimismo, la gran mayoría de esta población presenta historias de abandono o negligencia parental en sus infancias, en un historial que las muestra como víctimas de violencias y que muchas veces los han hecho parte de la red del Servicio Nacional de Menores[13].

Junto a lo anterior, elementos culturales asociados a la masculinidad hegemónica, a la naturalización de violencia y al consumo de alcohol y drogas refuerzan estas condiciones. En el caso de las mujeres privadas de libertad, la condena carcelaria no solo es penal sino social. En Chile, la situación de las cárceles femeninas es dramática, tanto por el estigma que sufren las mujeres al romper con “el rol de esposas sumisas y madres presentes que les asigna la sociedad”[14], como también por la complejidad de lidiar con madres lactantes o con hijos/as encarceladas/as con ellas, sin mencionar la violencia sexual, la falta de atención médica especializada y psicológica, o el hacinamiento producto de la alta población penitenciaria por el delito de microtráfico de drogas. Así, la cárcel termina incluso por generar la transmisión intergeneracional de pobreza y la marginalidad[15].

Mirados desde la perspectiva interseccional, todos estos atributos muestran una excesiva condición de olvido por parte del Estado, el que no logró responder a las necesidades (en muchos casos, desde la niñez) de estas personas. De modo similar, la sociedad en su conjunto también ha optado por no mirar qué sucede detrás de estos muros, siendo finalmente la cárcel un verdadero depósito de marginalidad.

Por ello, desde ONG Leasur nos enfrentamos a la lucha diaria por la visibilización, defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Desde una perspectiva crítica, buscamos asegurar condiciones mínimas de justicia e igualdad para la población penal, así como incidir en la generación de políticas públicas que prioricen las demandas por derechos fundamentales básicos de la población penitenciaria como el derecho a salud, educación, habitabilidad, a voto y la posibilidad de reinserción, entre otros.

¿Qué hacer? No olvidar y transformar nuestro sistema penitenciario

Hoy, el modelo chileno está siendo cuestionado. Las exigencias de la sociedad civil chilena manifestadas en las calles han tomado fuerza y adhesión entre quienes no se sienten representados ni por el Estado ni por la clase política. Sin embargo, la respuesta oficial ha mostrado una fuerte represión y populismo punitivo, haciendo oídos sordos a la necesidad de una profunda transformación social.

Por esto, la solución al conflicto social requiere voces legitimadas que provengan de las bases de la sociedad civil, para construir un nuevo pacto social que involucre a personas vulneradas en sus derechos, empobrecidas económica, cultural y políticamente. En ese nuevo pacto social, ciertamente la mirada deberá centrarse en asegurar garantías mínimas de salud, educación, salario, pensión y justicia, las que permitan desarrollar un proyecto de vida con dignidad. En este escenario, la población penal y quienes la rodean no pueden quedar fuera de estas demandas.

Considerando lo anterior, Leasur propone algunas medidas que pueden responder a las demandas para transformar la vida carcelaria y promover los derechos de estas personas, históricamente olvidadas:

  1. Racionalización del uso de la cárcel. Para enfrentar la delincuencia, en nuestro país se ha promovido la privación de libertad como fórmula de seguridad pública, sin atender a las reales necesidades estructurales de la población ni a las causas sociales del delito. Resulta imperioso evaluar medidas alternativas de resolución de conflictos y racionalizar la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
  2. Poner fin al uso de la política criminal y a la generación de miedo a la delincuencia. Los medios de comunicación, la clase política y la ciudadanía deben promover un debate más informado y democrático acerca de las causas del delito, las cifras de delincuencia y del funcionamiento del sistema de justicia criminal. Es necesario no seguir alimentando la sensación de miedo e inseguridad (irracional e irreal) en el país, que incita a pedir soluciones punitivas que no son eficientes. Se debe apuntar a encontrar otras medidas no carcelarias para intervenir las causas del delito.
  3. Reinserción social como garantía Constitucional. Actualmente, Chile carece de una política pública de reinserción social con enfoque de derechos, que considere una base teórica y entregue una oferta programática acorde a todas las personas que cumplen una condena. El desafío está en la implementación y seguimiento de un modelo de reinserción garantizado constitucionalmente, que coordine los subsistemas en los ámbitos de educación, trabajo y recreación, especialmente en los servicios de apoyo entre la salida de la cárcel y el retorno a la vida en sociedad.
  4. Reforma penitenciaria y ley de ejecución de penas. Se debe crear una política penitenciaria interinstitucional, que incluya la dictación de una ley de ejecución penitenciaria que cumpla con estándares internacionales, y que establezca una judicatura especializada para el ámbito penitenciario, enfocado en atender las necesidades de las personas privadas de libertad y fiscalizar el cumplimiento de la pena.
  5. Política penitenciaria con perspectiva de género. Debe brindarse especial relevancia en la población femenina, doblemente invisibilizada por su carácter de privada de libertad y de género. Resulta urgente considerar alternativas a la privación de libertad para las mujeres (que han sido propuestas en proyectos como Ley Sayén[16]), y reformar la política penitenciaria en perspectiva de género y con énfasis en los factores de maternidad y exclusión social que predominan en la población penitenciaria femenina.
  1. Reforma de Gendarmería y su desmilitarización. Gendarmería enfrenta en la actualidad varias dificultades que van desde precaria formación profesional, ausencia de recursos e invisibilización de condiciones laborales. Estos factores convierten a Gendarmería en una institución difusa y frágil, y resulta imperioso redefinir sus funciones. Para ello, se deben aumentar los estándares de ingreso y formación, mejorar las condiciones laborales de las y los gendarmes, establecer una política de desvinculación de funcionarios condenados por torturas, malos tratos o apremios ilegítimos. Por otro lado, se vuelve imprescindible instalar una Gendarmería civil sin formación castrense, así como profesionalizar la administración penitenciaria.
  2. Derecho a voto de la población penal. La inclusión electoral de las personas privadas de libertad en Chile es una exigencia por cumplir con los estándares internacionales asociados con el reconocimiento y garantía del derecho a sufragio. Superar la exclusión política que aqueja injustamente a miles de personas privadas de libertad en nuestro país constituye una base necesaria para la profundización democrática del sistema político. De otra forma, seguiríamos excluyendo a quienes deben tener voz.

En este proceso colectivo de transformaciones, no dejemos de preguntarnos qué le ofrece Chile a quienes están privados/as de libertad; qué buscamos al relegar a personas a tales niveles de violencia y exclusión; y cómo este régimen carcelario impacta no solo a ellos/as directamente sino también a sus familiares y cercanos. Si en el añorado Nuevo Pacto Social volvemos a olvidar a las personas privadas de libertad, Chile habrá seguido sin despertar.


* Tesorera del directorio de ONG Leasur. Magíster en Criminología por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y socióloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: amaliavaldes@leasur.cl.

** Directora de ONG Leasur. Abogada por la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Diego Portales, y diplomada en Litigación Penal Oral por la Universidad Alberto Hurtado y en Derecho Indígena y Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Correo electrónico: sthefaniawalser@leasur.cl.

*** Subdirector de ONG Leasur. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Correo electrónico: agustinwalker@leasur.cl.

[1] Fundación Paz Ciudadana, “Estudio sobre los niveles de exclusión en personas privadas de libertad” (Santiago, 2016), 26 y ss.

[2] LEASUR, “Informe de Condiciones Carcelarias. Situación de las cárceles en Chile en 2018” (Santiago, 2019); Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, “Principales problemas detectados en las visitas de cárceles realizadas el año 2017 por los fiscales judiciales” (Santiago, 2018); Instituto Nacional de Derechos Humanos, “Situación de los Derechos Humanos en Chile” (Santiago, 2016), 251-268; Instituto Nacional de Derechos Humanos, “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile 2014-2015. Seguimiento de recomendaciones y cumplimiento de estándares internacionales sobre el derecho a la integridad personal” (Santiago, 2017); Instituto Nacional de Derechos Humanos, “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile 2016-2017. Diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la integridad personal” (Santiago, 2018).

[3] Guillermo Sanhueza y Francisca Pérez, “Cárceles concesionadas en Chile: evidencia empírica y perspectivas futuras a 10 años de su creación”, Política criminal 12, no. 24 (2017).

[4] Fundación Paz Ciudadana y Banco Interamericano de Desarrollo, “Evaluación del sistema concesionado versus el sistema tradicional en la reducción de la reincidencia delictual” (Santiago, 2013); Gendarmería de Chile, “Boletín Estadístico Chile: Situación carcelaria en Cifras” no. 1 (Santiago, 2016).

[5] Álvaro Castro, Guillermo Sanhueza, Violeta Purán y Julio Cortés, Fiscalía Judicial: Posibilidades y Limitaciones en su rol de inspector de prisión (Santiago: Poder Judicial, 2019).

[6] María Emilia Tijoux, “El infierno en la torre 5: Reflexiones sobre la cárcel en Chile”, Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, Nº5. Año 3, 2011), 45.

[7] Ídem., 44.

[8] Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, “Principales problemas detectados en las visitas de cárceles realizadas el año 2017 por los fiscales judiciales” (Santiago, 2018).

[9] Gendarmería de Chile, “Boletín Estadístico N° 125”, Semana del 18 al 24 enero 2019 (Santiago, 2019).

[10] Kimberlé Crenshaw, “Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color”, en The Public Nature of Private Violence. The Discovery of Domestic Abuse, M. Albertson Fineman y R. Mykitiuk eds. (Nueva York: Routledge, 1994); Angela Davis, Are Prisons Obsolete? (Nueva York: Seven Stories Press, 2003).

[11] Davis, ibíd, 16.

[12] Fundación Paz Ciudadana, “Estudio sobre los niveles de exclusión”.

[13] Un pre-informe de la ONU dio cuenta recientemente de la grave situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes: cerca de la mitad de los menores detenidos al inicio del estallido social (el 19 de octubre) estaban siendo o habían sido intervenidos por la red SENAME.

[14] Carmen Anthony, Mujeres Invisibles: las cárceles femeninas en América Latina (Buenos Aires: Nueva Sociedad, 2007).

[15] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Preliminar sobre pobreza, pobreza extrema y Derechos Humanos en las Américas”, Organización de Estados Americanos (Washington D.C., 2016).

[16] Proyecto de ley presentado por ONG Leasur en conjunto con otras organizaciones, que restringe la aplicación de la prisión preventiva y suspende la ejecución de las sanciones penales para mujeres embarazadas y con hijas/os menores de tres años.

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